Derechos humanos y empresas: la globalización sostenible

La gestión de los derechos humanos por parte de empresas es uno de los grandes caballos de batalla en un mundo globalizado en el que la actividad industrial impacta directamente en la vida de las personas. Ethic, con la colaboración de Mapfre y la Cátedra de Ética Económica y Empresarial de la Universidad Pontificia Comillas, reunió a un grupo de expertos para diseccionar las claves de una globalización sostenible.

Por Miguel Ángel García Vega

El 24 de abril de 2013 casi 1.200 personas morían aplastadas y 2.000 resultaban heridas. Fue la tragedia de Rana Plaza en Bangladesh, uno de los países más pobres del planeta. Durante años se agolparon en pésimas condiciones infinidad de talleres semiclandestinos, que trabajaban a maquila para muchas grandes firmas de moda europeas y norteamericanas. Pero el edificio no aguantó. Viejo y cansado y sin mantenimiento, se derrumbó. Un crujido ensordecedor. El silencio. Y luego, quedo, el dolor.

Tras el desastre, se alcanzó un acuerdo para crear un fondo de solidaridad con el fin de indemnizar a los cientos de víctimas y heridos. El instrumento solo logró reunir 19,4 millones de dólares cuando, de acuerdo con diversos cálculos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), eran necesarios 40 millones. Este es un doloroso ejemplo que dibuja la diferencia entre las buenas intenciones y los hechos. «Porque, a veces, se olvida —como apunta José Alías, periodista de la agencia de noticias Servimedia— que los derechos humanos son un mínimo ético innegociable».

En este espacio de incertidumbre se mueve la globalización. Un proceso que a veces se derrama por nuestras vidas como un bálsamo extendido por un dios torpe. Asumida esta idea, los expertos convocados no dudan de que la globalización y la sostenibilidad son procesos compatibles. Eso sí, hay que hallar el camino para hacerlo posible. «La globalización es una realidad y la sostenibilidad es otra, y enganchan perfectamente cuando las grandes organizaciones, multinacionales y corporaciones actúan de forma responsable. Es lo que se llama concepto de responsabilidad avanzada. Somos un elementos más del ecosistema social», explica Jaume Corbella, experto en Derechos Humanos de Repsol.

Esta idea abre el debate al diálogo y a otras palabras. Algunas llevan a la constatación de una realidad que, a veces, se olvida. «El objetivo como empresa, lógicamente, es la obtención de beneficios, pero, ¡cuidado!, sí los tienen es gracias a los clientes y a los empleados», señala José Alías. «Evidentemente, tenemos un principio de obtención de beneficios, pero la diferencia es que hoy ya  no vale conseguirlos de cualquier manera», apostilla Clara Bazán, directora de Responsabilidad Social de Mapfre. «La globalización económica y financiera tiene que convertirse también en una globalización de derechos», añade.

María Prandi, fundadora de Bussiness & Human Rights, explica que «la integración de los derechos humanos en las políticas de responsabilidad social no se refiere a acciones filantrópicas o de acción social, sino que consiste en situar los derechos humanos en la toma de decisiones que afectan al negocio». Clara Bazán, de Mapfre, pone el foco en la pequeña y mediana empresa: «Hay un tejido muy potente y si la pyme se organiza puede tirar mucho de la relación entre empresas y derechos humanos».

Situadas las personas y el entorno en el centro del debate, las voces se suceden. Eduardo Sánchez, director de Relaciones Institucionales de Onagwa, una ONG que trabaja intensamente para promocionar los derechos humanos en el acceso al agua, avisa de que ya hemos superado los «límites biofísicos planetarios». Mientras que Cristina Sánchez, del Pacto Mundial de la ONU, apunta que «sí o sí tenemos que encontrar la forma de compatibilizar globalización y sostenibilidad». Porque nos va mucho en el empeño.

Los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, adoptados en 2011, marcaron un punto de inflexión. «Lo que no teníamos en el pasado es una clara comprensión de lo que los Estados deben hacer y de lo que las empresas deben hacer… Por un lado, el Estado tiene que asegurarse de que existen leyes apropiadas y de que dichas leyes se aplican. Por otro, las empresas tienen la responsabilidad independiente de respetar los derechos humanos. Se trata de la doble responsabilidad de proteger los derechos humanos en contra de los abusos», explicaba en una conferencia pública John Ruggie, profesor de la Universidad de Harvard y representante especial para los Derechos Humanos en Naciones Unidas.

Desigualdad

La desigualdad, el riesgo que más probabilidades tiene de causar graves perjuicios a escala mundial en la próxima década, según el informe Global Risks 2014 del Foro Económico Mundial, es el verdadero telón de fondo cuando hablamos de derechos humanos. Veamos algunos números. El salario mínimo en China —desgrana Víctor Garrido, responsable de Política Industrial de CCOO de Industria de Madrid— oscila, dependiendo de la provincia, entre 140 y 175 euros, mientras que en Bangladesh es de 50 euros. La misma fotografía de la injusticia se retrata en Camboya (67), Marruecos (180), Brasil (250) y Birmania (30). En el «otro mundo», en un país como Suiza, supera los 2.000 euros.

En este territorio de contrastes es donde operan las grandes corporaciones. Cada una con su propio compromiso. Por ejemplo, Inditex o Mizuno son muy garantistas con toda su cadena de suministros, incluidas las subcontratas. De hecho, existen precedentes en el tiempo que muestran el poder democratizador que sí albergan las empresas. Solo hay que recordar la salida de las compañías occidentales de la Sudáfrica del apartheid durante los años noventa del siglo pasado. Asumiendo el coste económico, pero reconociendo también que no se puede trabajar en un país que da cobijo al racismo. Porque, si no, a veces, respetar lo establecido se convierte en sinónimo de complicidad.

Quizás, en este momento, habría que traer a la memoria los versos del poeta inglés del siglo XVII John Donne: «Ningún hombre es una isla entera por sí mismo. Cada ser humano es una pieza del continente, una parte del todo».

Ese sentido de pertenencia a un organismo superior es el que lo cambia todo. Por eso, las empresas más avanzadas, las que de verdad se lo creen, hablan de corporate citizenship (ciudadano corporativo). ¿Y España?, ¿se lo cree? Encima de la mesa existe un Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos que busca que todas las compañías españolas, independientemente del país donde trabajen, utilicen un estándar común en materia de derechos humanos. Pero su futuro no anda muy claro. El Gobierno «no es, en principio, favorable» a un tratado internacional que relacione derechos humanos y multinacionales y así lo ha reconocido en una respuesta por escrito en el Congreso. De momento, parece que la sociedad civil avanza más rápido que las administraciones.