Miren esta historia. Para mantener la producción actual de carbón, la compañía Cerrejón debe ampliar uno de los tajos regulares de la operación, que implicaría necesariamente la afectación de un arroyo conocido con el nombre de Bruno.

Con el objetivo de protegerlo, propuso la desviación de los últimos 700 metros de ese arroyo de 3,6 kilómetros, en los límites de la desembocadura.

Para tal efecto, presentó un plan de manejo que el ministerio del Medio Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales aprobaron en 1998, 2005 y 2014.

Las resoluciones aprobatorias obligan a la compañía a desarrollar las obras “con los más altos estándares y normatividad ambiental y social vigente”. Es más: el ministerio del Interior, en última instancia, propició una consulta previa que se cerró con preacuerdos con la comunidad ante el temor de que esta se viera perjudicada por la eventual disminución de la actividad pesquera.

El argumento de la compañía, que ha sido avalado por el Gobierno Nacional, es que si no ejecuta las obras, la producción caerá en 3 millones de toneladas. Y con esa caída reduciría unos 1.100 empleos en el mediano plazo, mientras el país dejaría de percibir 3,7 billones de pesos en impuestos y regalías y la empresa reduciría en 500 mil millones de pesos las compras y contrataciones en el Departamento.

Los ecologistas, sin embargo, han puesto el grito en el cielo. No obstante la serie de permisos, creen que la desviación acentuaría los problemas de sequía en un departamento que la ha padecido sistemáticamente. Y han llegado a culpar a la empresa de una tragedia social por un aumento de la mortalidad infantil derivada de la falta de agua.

Pero el arroyo Bruno no es propiamente el surtidor de agua potable del Departamento. Y si lo fuera, no afectaría el suministro, a juzgar por los avales que, inclusive, está dando Corpoguajira en la senda de autorizaciones que sigue.

En el fondo, entonces, lo que podría estar ocurriendo es que los críticos, en un año electoral, estén desviando la atención sobre la verdadera crisis por la que atraviesa el Departamento que, con los volúmenes de regalías que ha venido recibiendo por concepto de carbón, gas, sal y grupos étnicos, a estas alturas debería tener el sistema de acueducto más moderno del país. La crisis del agua lo que debe convocar es un gran juicio a los líderes de la región por la malversación de los recursos que esta ha recibido.

Lo otro, que también es inquietante, es que estemos perdiendo la posibilidad de llegar a un tono conciliatorio en una necesaria dinámica conversacional entre desarrollo y medio ambiente. En la desviación del arroyo Bruno, por lo que dicen los permisos, Cerrejón diseñó un trazado ejemplar que replica, inclusive, las condiciones físicas, dinámicas y ambientales del cauce natural, hasta con las mismas piedras y vegetación existentes. De ser así, La Guajira estaría a la vanguardia de un proceso de intervención que sería aleccionador para el resto del país.

La discusión, pues, debe ser tratada sin apasionamientos ni oportunismos políticos, pues la idea es proteger el medioambiente, pero sin frenar el también vital desarrollo.

amartinez@uninorte.edu.co

AlbertoMtinezM