Caso Chevron

2016 fue un muy mal año para la guerra jurídica contra Chevron

Forbes - Michael I. Krauss 04/01/2017

Steven Donziger y sus aliados estaban volando sobre las nubes cuando obtuvieron una @@sentencia@@ multimillonaria en contra de Chevron en el sistema judicial ecuatoriano. Pero las cosas no han salido bien para Donziger y sus aliados desde entonces, como he detallado en varias ocasiones en el blog.

Recordemos que, el 8 de agosto, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Segundo Circuito ratificó unánimemente el fallo del juez de distrito Lewis Kaplan en marzo de 2014, que concluyó que Donziger y sus asociados habían obtenido la @@sentencia@@ ecuatoriana mediante fraude y extorsión. “Los registros del presente caso revelan un desfile de acciones corruptas ejercidas por el equipo legal de los demandantes, que incluyen cohecho, fraude y soborno”, escribió el panel. Donziger protestó que la decisión del panel era una "autorización sin precedentes de un ataque colateral preventivo contra una @@sentencia@@ de pago extranjera", y solicitó una nueva audiencia de su apelación ante el Segundo Circuito. Esta petición de audiencia en pleno también fue rechazada en una orden concisa de una línea el 1 de noviembre.

Pero han sucedido tantas cosas en este caso en 2016, que es necesario un resumen de fin de año. Este resumen brindará a los lectores una idea de las enormes cantidades de honorarios legales que Chevron ha tenido que gastar para defenderse alrededor del mundo.

• Un tribunal internacional de arbitraje, convocado bajo el Tratado Bilateral de Inversión (BIT, por sus siglas en inglés) entre Estados Unidos y Ecuador, al conocer los reclamos de denegación de justicia de la empresa, ha emitido una serie de laudos y órdenes a favor de Chevron desde 2009. Ecuador intentó anular varios de estos laudos ante el Tribunal Internacional de La Haya en enero de 2016. Ecuador manifestó que el Tribunal no tenía jurisdicción para conocer los reclamos de Chevron y que sus laudos deberían ser anulados porque violan “políticas públicas”. Pero en una decisión emitida el 20 de enero de 2016 la Corte de Distrito de La Haya afirmó que el tribunal internacional de arbitraje tenía jurisdicción sobre la reclamación de Chevron, y observó que a la luz de los “graves indicios” de fraude que empañan la @@sentencia@@ ecuatoriana, el tribunal tenía una base política válida para emitir medidas cautelares a favor de la empresa. Chevron ahora espera el laudo final del tribunal.

 

• En febrero, el American Media Institute (AMI) informó de una campaña de relaciones públicas multimillonaria entablada por el presidente ecuatoriano Rafael Correa para promover el juicio contra Chevron. La campaña trabajó con la revista Rolling Stone, incluyó a Danny Glover y Mia Farrow, y trató de reclutar a Cher y Bianca Jagger para acusar a Chevron de crímenes ambientales. El informe del AMI indica que para pagar todo esto (incluyendo los viajes pagados para la estrellas de Hollywood), Correa contrató a MCSquared, una firma de relaciones públicas basada en Brooklyn, Nueva York, que fue creada por una vieja amiga de Correa, María del Carmen Garay, depositando $534.000 cada mes en una cuenta de Citibank en Park Avenue, Nueva York. ¿De verdad alguien cree que haya habido injerencia extranjera en el gobierno estadounidense?

 

• En marzo, el Ministerio Público Fiscal (“MPF”) de Argentina recomendó que la Corte Nacional rechazara la petición para reconocer la @@sentencia@@ ecuatoriana en Argentina. El MPF concluyó que el proceso ecuatoriano “una operación jurídica que ha tenido por objeto lograr un gran negocio, para personajes ajenos al paisaje que se estimó vulnerado”, y que esa evidencia “derrama un cono de sombra sobre” el juicio. El MPF determinó que las pruebas forenses son “determinante[s] en cuanto a que en la redacción de la @@sentencia@@ firmada por el juez Nicolás Zambrano, intervinieron otras personas”, y concluyó que “[l]as anomalías detectadas no pueden ser admitidas en nuestro territorio, pues violentan claramente el orden público del derecho nacional”. La corte publicó esta opinión el 15 de abril. Tres días después, el abogado argentino Enrique Bruchou presentó su renuncia como procurador judicial de los demandantes ante la corte argentina, presumiblemente por razones de ética.

 

• En julio, después de perder las apelaciones hasta en la Corte Suprema de Estados Unidos, Ecuador finalmente pagó a Chevron $112 millones para cubrir (con intereses) otros reclamos comerciales presentados inicialmente por el predecesor de Chevron, Texaco, a principios de los ‘90. El equipo de Donziger intentó apoderarse de este dinero para cubrir parte de la @@sentencia@@ ecuatoriana contra Chevron, en incluso obtuvo una orden judicial ecuatoriana para que se les pagara a ellos. El gobierno de Ecuador había estado deseoso de cumplir con la petición de Donziger. Pero, como escribí en un blog anterior, esto definitivamente habría obligado al Ecuador a pagar una segunda vez, directamente a Chevron. Eventualmente, los funcionarios entraron en razón y reconocieron que debían pagar a Chevron para evitar incumplir sus obligaciones estipuladas en el tratado. El rechazo del mandato judicial ecuatoriano para desviar el pago parece haber provocado un cisma en el equipo jurídico que lucha contra Chevron.

 

• En septiembre, una corte de Ontario, Canadá, llevó a cabo audiencias relacionadas con el intento de Donziger de hacer cumplir su fraudulenta @@sentencia@@ ecuatoriana en ese país. La corte escuchó los argumentos de las mociones de desestimación de Chevron Corp. y Chevron Canadá, y la solicitud de los demandantes de que la corte no considerara ninguna evidencia de fraude y asociación ilícita de Donziger. La decisión de Ontario todavía está bajo deliberación, pero observadores canadienses ya dieron a conocer sus opiniones. “La noción de que todos los chantajes a las corporaciones del mundo podrían lavarse en Canadá, inspirada por el éxito de Donziger y sus compinches ecuatorianos (incluido el presidente del país, Rafael Correa) en lograr que su caso sea escuchado, podría provocar la paralización del sistema legal canadiense, sin mencionar su descrédito”, escribió Peter Foster en el Financial Post el 8 de septiembre. “No vamos a dejar que nuestras cortes sean arrastradas a ese atolladero”, opinó Joanna Baron, directora de la Runnymeade Society, en el Globe and Mail el 13 de septiembre.

 

Tenemos la esperanza de que en 2017 se presente el capítulo final de este sórdido intento de aplastar el Estado de Derecho. Nunca olvidemos que: los ciudadanos ecuatorianos muy posiblemente han sido perjudicados por contaminación de petróleo que, con seguridad, es responsabilidad del gobierno ecuatoriano (como he señalado anteriormente). Los perjudicados, lamentablemente han sido despiadadamente manipulados para obtener dinero de una víctima pudiente. Se deberían avergonzar todos los que han participado en este esfuerzo con el fin de defraudar a millones de personas que poseen (directa o indirectamente) acciones de Chevron Corp.

Esta es una traducción no oficial realizada por Chevron. El artículo original en inglés puede ser visto aquí

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