Las cifras de hacinamiento continúan alarmando y no cesarán hasta que los reclusos sean trasladados a las cárceles respectivas, algo dificultoso por la medida del Ministerio para Servicios Penitenciarios de no transferirlos; situación denunciada por las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
Según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) -una ONG-. "En cada comando policial hay entre 200 y 300 personas detenidas cuando son sitios con capacidad para 20, 30 o hasta 50 personas". "En la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Boleíta -antigua zona 7- debería albergar a 250 presos y a finales del año 2018 tenían aproximadamente a 1.000 presos".
En este sentido, la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL) ha documentado casos de reos que han cumplido más de tres años en calabozos, donde además no cuentan con los recursos para alimentarlos ni atenderlos en caso de enfermarse.
Condiciones "inhumanas"
El coordinador del OVP, Humberto Prado, explicó en un informe, que en los calabozos se viven situaciones de convivencia "inhumanas". Los privados de libertad duermen parados o sentados, deben defecar en bolsas o recipientes, no los sacan a ver el sol y las visitas semanales son de 5 a 15 minutos.
A esto se le suma que "más del 60% de la población carcelaria no recibe alimentación diaria" constata el informe. Por lo que Prado manifiesta que "Muchos no tienen una familia que vele por ellos, razón por la que no reciben comida por esa vía".
En el primer trimestre de este año han fallecido 31 presos en los calabozos policiales, según el monitoreo realizado por el OVP quienes especifican que 12 de estos ciudadanos fallecieron de forma violenta, mientras que otras 17 perdieron la vida por sus condiciones de salud (desde insuficiencia renal hasta desnutrición).
El hacinamiento y las condiciones de estos recintos han llevado a los presos a protestar, por ello ha habido motines que generan gran cantidad de muertos. El más reciente en una comisaría en Acarigua el pasado 24 de mayo dejó 30 reos muertos y 20 heridos Según el OVP exigían el ingreso de visitas, comida, grupos deportivos, predicadores, cigarros y bebidas alcohólicas.
Por su parte, un juez titular jubilado del estado Mérida, quien exigió no revelar su identidad, entrevistado por El Universal, aseguró que el ministerio de alguna manera ha "disfrazado el hacinamiento".
Aportó que los directores de los recintos tienen órdenes expresas de aceptar entre 10 a 15 reclusos mensuales, al menos en la región andina; abarrotando así a las delegaciones del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de las comisarías que se han vuelto en los últimos años, cárceles pequeñas que tienen capacidad de albergar alrededor de 20 presos y hay entre 60, 80 y hasta 100 internos.
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