Al comenzar la evaluación sobre el código anticorrupción propuesto desde La Fortaleza, en la Legislatura se discutió ayer la posibilidad de enmendar el proyecto para que ninguna persona que cometa un delito de corrupción pueda cualificar para una sentencia suspendida o probatoria.
El senador Miguel Romero, presidente de la Comisión de Gobierno, planteó durante la vista que la legislación propuesta amplía los delitos que no pueden cualificar para sentencia suspendida, pero no incluye todos los crímenes que van contra la función pública y cuestionó si sería viable incluirlos todos en aras de establecer “una política pública de cero tolerancia”.
La directora de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Zulma Rosario, favoreció contundentemente esta propuesta y añadió que debe haber una mejor coordinación con el Departamento de Justicia para que cuando se vean en los tribunales los casos por corrupción, se aplique la Ley de Ética, la cual tiene penas más severas.
Mencionó como ejemplo un caso reciente relacionado a un empleado del Departamento de Transportación y Obras Públicas, a quien le dieron sentencia suspendida y no le exigieron la restitución del dinero hurtado. Otro empleado público, acusado de agenciarse $400,000 en fondos públicos, recibió una sentencia de 10 años bajo arresto domiciliario.
“Si no le ponemos unas cortapisas en cuanto al tipo de sentencia que les imponen a estos perpetradores de lo que es la fe pública, es bien difícil disuadir que cometan esos actos, porque la voz se corre muy rápido. Yo quisiera que todos los delitos que emanan del Código Penal que tienen que ver con la función pública no tengan el privilegio de la sentencia suspendida”, dijo Rosario.
“Siempre es importante que a los fiscales no se les olvide aplicar la Ley de Ética y no se permitan estas transacciones preacordadas para llevar un mensaje de que no se saldrán con la suya”, indicó la funcionaria.
De igual forma, la presidenta de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei), Nydia Cotto Vives, sugirió en una ponencia escrita incluir todos los delitos en las exclusiones de la sentencia suspendida.
Como está el proyecto, solo propone excluir del beneficio de probatoria delitos como la apropiación ilegal de fondos públicos, el enriquecimiento ilícito, soborno, oferta de soborno, influencia indebida y malversación de fondos públicos.
La medida propone unificar en un solo código las disposiciones anticorrupción ahora contenidas en varias leyes. Entre otras cosas, propone crear un registro público de convictos por corrupción y establece que “ninguna persona sujeta al registro podrá aspirar a ocupar un cargo electivo”.
“Se prohíbe a la Comisión Estatal de Elecciones el aceptar o procesar documento alguno que tenga el propósito o fin de cualificar para un cargo de elección pública a persona alguna convicta de cualquiera de los delitos (del Código de Ética)”, dice el proyecto de ley.
Este nuevo ordenamiento incluiría también un código de ética para contratistas.
Protección a los denunciantes
La medida busca también proteger a los denunciantes o “whistleblowers”, quienes son los que dan la información que luego se usa para lograr las convicciones en contra de los funcionarios.
Rosario favoreció una enmienda sugerida por el representante independentista Denis Márquez para que se mantengan las disposiciones de las leyes actuales que permiten a estos denunciantes un término de tres años para demandar en caso de que haya represalias en su contra. Como la medida elimina alguna de las leyes que ahora los protegen, solo garantiza un año para estas demandas.
“Yo favorezco los términos más amplios”, dijo Rosario. “Así es más efectivo el trato que se le da al ‘whistleblower’”.
Según relató, estas personas son las que ayudan a lograr convicciones contra funcionarios y luego reciben represalias por haber hablado. Dijo haber visto casos en los que incluso son despedidos de sus empleos.
“En algunos casos los han mandado para ‘Siberia’ o sencillamente los botan”, afirmó la directora de la OEG.
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