Después de la desaparición y probable asesinato de 43 estudiantes, el mundo y la sociedad mexicana se preguntan ¿qué es lo que realmente significa la frase “derechos humanos” en este problematizado país? El Estado mexicano es un entusiasta defensor de los derechos humanos en la arena internacional, sin embargo, su manifiesta incapacidad para garantizar tales derechos a sus propios ciudadanos despierta acusaciones de hipocresía y doble discurso.

Las normas de derechos humanos son cruciales porque establecen límites al ejercicio del poder estatal. Por ejemplo, en las sociedades en las que dichos principios se encuentran bien internalizados, la tortura de presuntos criminales se percibe como ilegítima y por ende es menos probable que ocurra sistemáticamente. En épocas pasadas, en contraste, la tortura de ciertos grupos tales como las presuntas “brujas” u otros disidentes religiosos, se percibía como legítima y necesaria. Es decir, las normas que establecen cuáles son las conductas aceptables cambian en el tiempo y esto tiene efectos sobre el mundo real.

Hasta ahora, han existido pocos estudios sistemáticos sobre cómo los mexicanos perciben el término “derechos humanos” y cómo dichas percepciones han evolucionado históricamente. Por esta razón, la nueva encuesta del Human Rights Organization Project, conducida por investigadores mexicanos y estadounidenses, es una contribución importante.

Parents of the 43 students missing from Guerrero led a march in downtown Mexico City to demand the government clarify the students' whereabouts.

Este estudio mexico-estadounidense pregunta con qué frecuencia el público mexicano está expuesto al concepto “derechos humanos”. Esta es una pregunta crucial ya que lo que no se nombra simplemente no existe en el mapa cognitivo de las personas. En este sentido, las noticias son buenas: aproximadamente 90% de las élites y casi 40% del público en México ha escuchado el término ya sea “frecuentemente” o “todos los días”.

A continuación, la encuesta pregunta qué tanto los mexicanos confían en las organizaciones locales e internacionales de derechos humanos (entre otras instituciones) y encuentra que existe una confianza comparativamente alta: el nivel de confianza entre las elites fue de 70% y casi 60% entre los ciudadanos de a pie.

Este hallazgo es importante. En los años setenta y principios de los ochenta del siglo XX, la frase “derechos humanos” era virtualmente desconocida por la sociedad mexicana en general y las instituciones y tratados de derechos humanos despertaban una enorme desconfianza entre la élite política. Esto era cierto en la filas del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) pero también entre los partidos políticos de oposición ubicados en la izquierda, incluyendo el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) y el Partido Comunista Mexicano (PCM). Algunos concebían el discurso de los derechos humanos y su pretensión universalista como una forma de imperialismo cultural. Otros estaban preocupados por la dimensión política del asunto y la posibilidad de que los países más poderosos utilizaran los derechos humanos como mero pretexto para intervenir en los asuntos internos de países más débiles y subdesarrollados. Por supuesto, todos estos críticos tenían en mente al poderoso vecino, Estados Unidos.

En México, las primeras ONG dedicadas explícitamente a los derechos humanos se crearon a mediados de la década del ochenta, incluyendo la secular Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH) y la organización de los dominicos llamada Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, ambas basadas en la ciudad de México. Los juristas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) también impulsaron el discurso de los derechos humanos en el país.

Estos grupos pioneros dedicaron mucho tiempo a educar al público y las autoridades mexicanas mediante la impartición de talleres, cursos y conferencias. En 1990, el gobierno creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo cual contribuyó a legitimar el término “derechos humanos” y a difundir el lenguaje de los derechos.

Si las élites y el público mexicanos se encuentran hoy en día familiarizados con el término, ello es el resultado de tres décadas de socialización encabezada por las ONG, los ombudsmen locales y nacional así como, eventualmente, las propias agencias estatales.

El estudio también muestra que los líderes en México y el público general no sólo asocian las palabras “derechos humanos” con cuestiones positivas, sino que además poseen una comprensión apropiada del contenido sustantivo de dicho concepto. Cerca del 80% del público asocia el término “derechos humanos” con la protección de las personas de la tortura y el asesinato (i.e. derechos civiles); 71% con la promoción de la justicia económica y social (i.e. derechos económicos y sociales); y el 65% con la promoción de elecciones libres y justas (i.e. derechos políticos). Esto refleja una visión integral que incluye en pie de igualdad derechos conectados con la tradición liberal, democrática y socialista. Esta es posiblemente una característica distintiva de la sociedad mexicana. En Estados Unidos, por ejemplo, el público tiende a rechazar la idea de los “derechos económicos” como derechos fundamentales.

Finalmente, el estudio nos ayuda a entender hasta qué punto el público concibe a los derechos humanos como un concepto legítimamente “mexicano” y no como alguna clase de imposición extranjera. La encuesta pregunta si se asocian las palabras “derechos humanos” con “promover los intereses de Estados Unidos” o con “ideas y valores extranjeros” y los resultados muestran que ni las élites, ni los ciudadanos de a pie aceptan este argumento. Solo el 7% de la élite y el 25% del público relacionaron los derechos humanos con “intereses de Estados Unidos”, mientras que 11% y 28% respectivamente identificó a los “derechos humanos” como una idea extranjera.

Este es un cambio dramático. Aunque no tenemos datos de encuesta para los años setenta y ochenta, los archivos históricos sugieren que en aquel tiempo muchas voces influyentes veían a los derechos humanos como una agenda extranjerizante. En 1986, por ejemplo, el derechista Partido Acción Nacional (PAN) presentó la primera petición de la historia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusando al gobierno de México de cometer fraude electoral. No fue sorpresa para nadie que el PRI negara la legitimidad de recurrir a una instancia del sistema internacional de derechos humanos para tratar el caso pero sí que también lo hiciera la oposición de izquierda.

En aquel momento, Heberto Castillo, líder indiscutible de la izquierda, declaró: “Si el PAN tiene en éxito en lograr que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intervenga en México para moderar… las elecciones, mañana los países poderosos estarán tratando de poner o quitar gobernantes en todos los países débiles”. De manera similar Arnoldo Martínez Verdugo, líder del Partido Comunista Mexicano, preguntó: “Queremos abrir la puerta para la intervención de fuerzas extranjeras que siempre han querido interferir … en los asuntos políticos de nuestro país?”. Los mexicanos se han apropiado de la idea de los derechos humanos y la consideran como parte legítima del discurso político nacional. 

Hoy  en día, en cambio, los mexicanos se han apropiado de la idea de los derechos humanos y la consideran como parte legítima del discurso político nacional. Ello coincide con el uso intensivo del sistema interamericano de derechos humanos. De acuerdo con mi investigación, el gobierno mexicano ha desplegado en la última década una actitud positiva hacia el sistema y la sociedad mexicana ocupa los primeros lugares en la presentación de peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desafortunadamente, todo esto no ha evitado las violaciones de derechos humanos en México. La violencia estatal ilegítima continúa produciéndose, como atestigua la masacre de Ayotzinapa. Entonces cabe preguntar, ¿ha cambiado algo?

Lo que es ciertamente diferente es que hoy una parte importante de la sociedad mexicana está dispuesta a llamar a cuentas al gobierno por dichos actos y lo hace recurriendo al lenguaje de los derechos humanos. Cuando los manifestantes en México hoy gritan “fue el Estado” y utilizan dicha frase como hashtag en las redes sociales, están indicando que este no es otro crimen más perpetrado por los narcotraficantes sino algo mucho más grave porque pertenece al ámbito de las violaciones a los derechos humanos. Hasta los sectores conservadores en México parecen entender que Ayotzinapa es un fracaso del Estado en su responsabilidad de respetar y proteger los derechos de sus ciudadanos.

En medio de la tragedia por la cual atraviesa México, esta suerte de consenso sobre la importancia de aproximarse al tema de la violencia desde el enfoque de los derechos humanos no es poca cosa.