Autor: José Luis González García. Geólogo | Hay una relación cada vez más evidente entre la situación de gobernabilidad de un país y los desastres naturales. El año 2010 ha sido buena prueba de ello.
En enero de 2010 tuvimos el terremoto de Haití, con 250.000 muertos. Las carencias de gobernabilidad y de extrema pobreza en Haití intensificaron las consecuencias del desastre, que afectó a 3 millones de personas. No solo las medidas preventivas (construcción antisísmica, preparación de emergencias, etc.) estuvieron ausentes, sino que la respuesta ante la crisis quedó a merced de la actuación internacional. No en vano Haití ya había sido considerada por la organización Transparencia Internacional como el país más corrupto del mundo y por la revista Foreign Policy com el país número 11 en el índice de estados fallidos.
Otro ejemplo paradigmático de un desastre natural con deficitaria gobernabilidad han sido las inundaciones que a finales de julio se produjeron en Pakistán. Las aguas de las lluvias torrenciales anegaron distritos enteros como Jafarabad, en la provincia de Baluchistán, a más de 100 kilómetros del río Indo, cuyo desbordamiento provocó las inundaciones, ocasionando hasta 20 millones de afectados (casi un 12% de la población de Pakistán). También en este caso la gobernabilidad brilló por su ausencia, produciéndose un estrepitoso vacío de poder y una falta absoluta de reacción de los dirigentes políticos, lo que no es sorprendente dado que el país también está incluido en la lista de estados fallidos, con el número 10. Durante el desastre, los responsables civiles y militares del gobierno central y de las provincias afectadas, no lograron ponerse de acuerdo ni siquiera para gestionar la ayuda humanitaria internacional. Y en lugar de crear un único fondo nacional de ayuda se crearon multitud de fondos controlados por diferentes instituciones, lo que obviamente dificultó la transperencia que debe primar en estos casos y la correcta llegada de los suministros a los afectados.
Pero la falta de gobernabilidad, como factor potenciador de los desastres naturales, no afecta únicamente a los denominados Estados fallidos. Durante las últimas semanas hemos vuelto a presenciar en España el lamentable espectáculo de inundaciones recurrentes en Andalucía. El presidente del Colegio Oficial de Geólogos ha destacado que los daños causados por las inundaciones tienen que ver directamente con una ordenación “defectuosa” del territorio y recomienda que se cumpla el artículo 15 del Texto Refundido de la vigente Ley de Suelo elaborando, como es preceptivo, mapas de riesgos naturales con carácter previo a los planes generales de urbanización de los municipios.
La verdad es que en España cada día tenemos mejores normas para la prevención de riesgos naturales. El problema es que no sabemos si sirven para algo. Normas siempre ha habido pero la mayoría de las veces más que fuentes de derecho parecen objetos decorativos. En materia de urbanismo y ordenación del territorio ya se aprobó en 1994 una ley que obligaba en Andalucía a un desarrollo equilibrado del territorio y a una distribución geográfica de las actividades y de los usos del suelo. Además, esta ley establecía la necesidad de un Plan de Ordenación del Territorio que debía de prever la indicación de las zonas con riesgos catastróficos y la definición de los criterios territoriales de actuación a contemplar para su prevención. Más claro: agua. Pero hubo que esperar muchos años hasta que se estableciera un plan de prevención de riesgos contra las avenidas e inundaciones en los cascos urbanos andaluces, sin que sepamos a ciencia cierta sí realmente este plan evita la aprobación de planes urbanisticos que entren en contradicción con sus previsiones. Hace cinco meses el Parlamento Andaluz aprobó la Ley de Aguas de Andalucía, que regula nuevos instrumentos de prevención de inundaciones, a los que habrá que añadir lo que la propia directiva europea de 2007 de gestión de inundaciones, ya establece para toda Europa y que ha sido transpuesta recientemente en España.
En resumen: no falta normativa preventiva ni reparadora para la gestión de riesgos de inundaciones. Tenemos ingentes cantidades de leyes y de reglamentos. Y los hay en todos los niveles: europeo, nacional, autonómica y local. Pero las inundaciones siguen produciendo estragos. ¿Qué es lo que falla entonces?
