“Esta penalización ha condenado a las pobres a la muerte”
El Estado nicaragüense impone la maternidad a niñas como Susana y Lucía en un país donde el aborto terapéutico fue penalizado en 2006
A sus 13 años, Lucía fue violada por el sacerdote de su parroquia. La niña se había inscrito en el coro parroquial a donde iba después de clases. Era finales de 2012 y la ciudad en la que habitaba —en el Pacífico de Nicaragua, la zona más poblada del país— estaba inmersa en festividades religiosas. El cura se ganó la confianza de Lucía, de familia creyente y tradicional, y comenzó a hacerle insinuaciones, que terminaron en abuso en la casa cural. Y ella pasó así a formar parte de las estadísticas de Nicaragua, donde 1.600 niñas resultan embarazadas al año por violación, según datos del Instituto de Medicina Legal.
“Fueron dos años de abuso. Se trataba de una relación de poder: la niña tenía miedo de hablar”, comenta Elia Palacios, de la Asociación de Mujeres Axayacatl, organización local que defiende los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes.
La madre de Lucía sospechó que algo no iba bien cuando la niña comenzó a sufrir mareos y vómitos. Pensó que se trataba de un empeoramiento de la gastritis que sufría y la llevó a un hospital. Los exámenes confirmaron el embarazo. La niña confesó los abusos del cura y la madre interpuso una denuncia ante la Policía. El ADN inculpó al religioso, pero pasaron seis meses antes de que el caso llegara a los juzgados. Sigue impune. La Policía ni siquiera ha ejecutado una orden de captura.
Este es uno de los casos por los que Axayacatl demanda a Nicaragua ante la ONU. También acudirán con la historia de Susana, quien desde los siete años fue violada por su abuelo en el Caribe nicaragüense, una región oprimida por la miseria, la violencia, el crimen organizado y el abandono del Estado. Susana vivía con sus abuelos. La abuela era víctima de violencia doméstica por parte de su pareja, quien además tenía antecedentes por homicidio. “No sabemos por qué salió libre”, explican desde Axayacatl. Con el pretexto de que necesitaba ayuda en el campo, el abuelo de Susana decidió que la niña lo acompañara a sus jornadas. Una mañana la amenazó con el machete, le exigió que se desnudara y la violó. La niña se desmayó. El hombre le dijo que si comentaba algo de lo ocurrido le cortaría la cabeza y la echaría a los perros para que se la comieran. Los abusos continuaron hasta los 13 años, cuando Susana quedó embarazada. La abuela notó los cambios y con engaños la llevó al hospital. La mujer se llenó de coraje y denunció a su compañero, pero la denuncia no prosperó. Tuvo que refugiarse con su nieta en un albergue para mujeres maltratadas. Susana parió allí. Su abusador sigue libre.
En Nicaragua, las niñas embarazadas por una violación son obligadas a dar a luz. El aborto terapéutico fue ilegalizado en 2006. Hasta entonces era permitido en caso de riesgo de la vida de la madre, violación y malformaciones del feto incompatibles con la vida. “Esta penalización ha condenado a las mujeres pobres a la muerte, porque ellas no tienen recursos para viajar a practicarse un aborto”, explica Elia Palacios.
Las mujeres de Axayacatl esperan con esperanza el resultado de la denuncia contra Nicaragua, gobernada con mano dura por Daniel Ortega, quien fue acusado de violación en 1998 por su hijastra, Zoilamérica Ortega Murillo. “Pretendemos que se sancione al Estado y que se le obligue a que dé más seguimiento a los funcionarios que tienen la obligación de acompañar a las víctimas en estos casos. Que no haya obstrucción de justicia, que no haya más impunidad, que los agresores paguen por sus delitos y que las niñas vivan libres y sin violencia”.
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