Hugo Páez
Los comentarios del Secretario de la Defensa con un grupo de senadores de inmediato dispararon la alarma y la reacción de presidencia de la república y Gobernación, que negaron algún proyecto para fusionar la Secretaría del general Guillermo Galván y la de Marina de Zaines, ó la posibilidad de que un civil tome el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional.
En estos tiempos en que se erigió el ejército como la única institución confiable en la lucha contra el crimen organizado, el tema, viejo en los países desarrollados, activó los mecanismos de comunicación del gobierno federal para eliminar cualquier sospecha de cambios en las fuerzas armadas.
Las democracias liberales en el mundo tienden a nombrar a un civil por encima de las fuerzas armadas, al frente de un Ministerio de Defensa. De hecho, algunos teórico lo consideran un requisito para clasificar a un país dentro de la democracia liberal; como también es requisito la división de poderes, el derecho a votar y ser votado, la existencia de varios partidos políticos, el derecho de propiedad, las libertades de expresión, prensa y asociación; y la vigencia de los derechos humanos regulada en un marco institucional.
Los países desarrollados dieron el salto evolutivo, algunos al poco tiempo de terminar la Segunda Guerra Mundial, otros al termino de la guerra fría. En Estados Unidos, para ser Secretario de la Defensa es requisito ser civil y no haber servido a las fuerzas armadas cuando menos durante 10 años, como el actual secretario Robert Gates. En Francia, después de la segunda guerra mundial el Ministerio de Guerra se fusionó con el Ministerio de la Marina para convertirse en el Ministerio de la Defensa Nacional, ahora lo llaman solamente Ministerio de Defensa, que dirige Hervé Moran.
En España, el Ministerio de la Defensa lo dirige una mujer, la doctora Carmen Chacón Piqueras, una doctora civil por la universidad de Barcelona.
Algunos argumentan la mala reputación de los políticos, que como grupo del estado mexicano está muy desacreditado, por debajo de la altura moral del ejército. Sin embargo, el zar antidrogas, el general de división, Jesús Gutiérrez Rebollo, se encuentra purgando una pena de 40 años en un penal de alta seguridad por nexos con el crimen organizado.
En este tema si hay formulas: las de los países desarrollados que rompieron hacen muchos años los tabúes, referenciados por Felipe Calderón en su discurso del tercer año de gobierno.
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martes, 1 de diciembre de 2009
jueves, 3 de enero de 2013
Osorio Chong tendrá que reconstruir la confianza en las fuerzas federales
Hugo Páez
Por razones electorales, el equipo de Enrique Peña Nieto mantuvo en la mira durante toda la campaña a algunas instituciones de Felipe Calderón fáciles de inducir, en el discurso, a la desconfianza. El centro de ellas: la Secretaría de Seguridad Pública, cabeza de la Policía Federal que en su momento agrupó a otras como la Federal de Caminos. Ahora, el conteo del crimen organizado será la variable que compare los dos sexenios, un factor difícil de controlar y que en diciembre no pasó la prueba al registrar mas de 970 ejecuciones.
Se dirá que al inicio es imposible dar resultados, que es muy temprano para los reclamos, sin embargo transcurrió un mes, uno menos para alcanzar la disminución del 50% de los crímenes dolosos en el primer año, tal como lo pronosticó el equipo de transición.
La nueva administración ya sufre los malabares de operar y mejorar, al mismo tiempo, casi con la misma estructura de la Policía Federal que adoptó Felipe Calderón como “su legado”, un impulso ególatra que la puso en la mira, tratando de evitar el inminente desmantelamiento, ahora los nuevos mandos tendrán que demostrar la capacidad que ofreció Miguel Ángel Osorio Chong y Manuel Mondragón, cuando menos merecen el beneficio de la duda mientras se cumplen los cabalísticos cien días de gobierno para dejar las metas y la agenda clara.
Confianza y paciencia de los ciudadanos es algo que necesitará Peña Nieto. No se trata de otorgarla a rajatabla, pero si de sembrar en los ciudadanos y en la opinión pública una cierta tolerancia a errores de operación que se producen día a día en este tipo de sistemas que deben evolucionar sin detenerse.
Habrá miles de ojos puestos en la gendarmería -sobre todo en los que no comulgaron con el cambio de la SSP- para ver los tropezones.
Y en esto es muy fácil meter la pata.
Quiero pensar que para Enrique Peña Nieto fue un dilema dinamitar la confianza, aun cuando es una parte muy usual en las estrategias de campaña afectas a exaltar los yerros y debilidades del contrario, y aun cuando sus asesores señalen que la desconfianza es producto de la misma burocracia calderonista, de las mismas policías, ahora habrá que dar resultados.
Es un dilema porque aun atomizadas, transformadas o con otro nombre, Osorio Chong tendrá que trabajar con esas instituciones. Peor aún, la mayoría con los mismos mandos medios y las mismas bases, pero mas desacreditados, sin ese elemento fundamental llamado “confianza” que facilita en gran medida el éxito de la encomienda.
Francis Fukuyama dimensiona el valor de la confianza como uno de los pilares funcionales de las naciones mas exitosas. Un elemento difícil de conquistar y fácil de perder. Ese elemento que el equipo de campaña, conciente o inconsientemente destruyó creyendo fácil renacerlo a partir del 1 de diciembre, pero sobrará quien identifique y señale a esos perfiles como parte del pasado, ahora parte del presente, muchos de los cuales injustamente fueron tachados en su momento como parte de un grupo incompetente, por propósitos meramente electorales.
Hasta el momento no hay nada claro sobre el gran proyecto que pretende emerger a partir de la desaparición de las secretarías de Seguridad Pública y la de la Función Pública. Un proyecto transformador que justifique el desmantelamiento de las dos y el cambio en la Ley Orgánica de la Administración Pública General. Al parecer nadie tiene claro el concepto de la gendarmería, tal vez el general colombiano Oscar Naranjo Trujillo que se maneja en la mayor de las discreciones.
Por alguna extraña razón, tanto priistas, panistas y perredistas evitan tocar a las fuerzas armadas cuando se trata de golpear al contrario desacreditando sus instituciones. Sienten que el Ejército y la Marina deben tener consideraciones especiales, intocables, aun cuando vemos a generales detenidos por nexos con el crimen organizado. Digamos que esa libertad para enlodar a las policías de los tres niveles de gobierno se reprime totalmente cuando se trata de la SEDENA y la SEMAR.
No es una doble moral, es el tabú que domina las formas de la política mexicana. La milicia es un grupo de elite que tiene garantizado el nombramiento de dos de los suyos: el Secretario de la Defensa y del de Marina, al menos mientras evoluciona la estructura hasta llegar a un mando civil entre el presidente de la república y el máximo mando militar, un Ministerio de la Defensa, civil, como ocurre en países del primer mundo, uno de ellos Francia -Gérard Longet lleva el mando-, modelo de la Gendarmería que anunció Peña Nieto en la gira como presidente electo en ese país. La misma Colombia de Naranjo Trujillo designa a un civil como Ministro de la Defensa –actualmente Juan Carlos Pinzón- desde que en 1991 Cesar Gaviria tomó la decisión para evitar presiones de los militares que consideraban al general Ministro en turno la máxima autoridad de la nación.
La disciplina y lealtad militar en México dista mucho de esos temores, sin embargo es una evolución operativa que amerita tomarse en cuenta, un claro ejemplo que sufrió Felipe Calderón fueron las constantes patadas bajo la mesa de las Secretarías de la Defensa, la de Marina y la SSP, en constante competencia por ver quien atrapaba y presentaba al criminal mas pesado, una contienda insana que provocó letargos y la parálisis de uno y otros. Peña tendrá que resolver ese pendiente o repetirá el vía crucis de Calderón.
Blog: http://hugorenepaez.blogspot.com/
twiiter: @hugopaez correo: hugopaez@prodigy.net.mx
www.hugopaez.com
Por razones electorales, el equipo de Enrique Peña Nieto mantuvo en la mira durante toda la campaña a algunas instituciones de Felipe Calderón fáciles de inducir, en el discurso, a la desconfianza. El centro de ellas: la Secretaría de Seguridad Pública, cabeza de la Policía Federal que en su momento agrupó a otras como la Federal de Caminos. Ahora, el conteo del crimen organizado será la variable que compare los dos sexenios, un factor difícil de controlar y que en diciembre no pasó la prueba al registrar mas de 970 ejecuciones.
Se dirá que al inicio es imposible dar resultados, que es muy temprano para los reclamos, sin embargo transcurrió un mes, uno menos para alcanzar la disminución del 50% de los crímenes dolosos en el primer año, tal como lo pronosticó el equipo de transición.
La nueva administración ya sufre los malabares de operar y mejorar, al mismo tiempo, casi con la misma estructura de la Policía Federal que adoptó Felipe Calderón como “su legado”, un impulso ególatra que la puso en la mira, tratando de evitar el inminente desmantelamiento, ahora los nuevos mandos tendrán que demostrar la capacidad que ofreció Miguel Ángel Osorio Chong y Manuel Mondragón, cuando menos merecen el beneficio de la duda mientras se cumplen los cabalísticos cien días de gobierno para dejar las metas y la agenda clara.
Confianza y paciencia de los ciudadanos es algo que necesitará Peña Nieto. No se trata de otorgarla a rajatabla, pero si de sembrar en los ciudadanos y en la opinión pública una cierta tolerancia a errores de operación que se producen día a día en este tipo de sistemas que deben evolucionar sin detenerse.
Habrá miles de ojos puestos en la gendarmería -sobre todo en los que no comulgaron con el cambio de la SSP- para ver los tropezones.
Y en esto es muy fácil meter la pata.
Quiero pensar que para Enrique Peña Nieto fue un dilema dinamitar la confianza, aun cuando es una parte muy usual en las estrategias de campaña afectas a exaltar los yerros y debilidades del contrario, y aun cuando sus asesores señalen que la desconfianza es producto de la misma burocracia calderonista, de las mismas policías, ahora habrá que dar resultados.
Es un dilema porque aun atomizadas, transformadas o con otro nombre, Osorio Chong tendrá que trabajar con esas instituciones. Peor aún, la mayoría con los mismos mandos medios y las mismas bases, pero mas desacreditados, sin ese elemento fundamental llamado “confianza” que facilita en gran medida el éxito de la encomienda.
Francis Fukuyama dimensiona el valor de la confianza como uno de los pilares funcionales de las naciones mas exitosas. Un elemento difícil de conquistar y fácil de perder. Ese elemento que el equipo de campaña, conciente o inconsientemente destruyó creyendo fácil renacerlo a partir del 1 de diciembre, pero sobrará quien identifique y señale a esos perfiles como parte del pasado, ahora parte del presente, muchos de los cuales injustamente fueron tachados en su momento como parte de un grupo incompetente, por propósitos meramente electorales.
Hasta el momento no hay nada claro sobre el gran proyecto que pretende emerger a partir de la desaparición de las secretarías de Seguridad Pública y la de la Función Pública. Un proyecto transformador que justifique el desmantelamiento de las dos y el cambio en la Ley Orgánica de la Administración Pública General. Al parecer nadie tiene claro el concepto de la gendarmería, tal vez el general colombiano Oscar Naranjo Trujillo que se maneja en la mayor de las discreciones.
Por alguna extraña razón, tanto priistas, panistas y perredistas evitan tocar a las fuerzas armadas cuando se trata de golpear al contrario desacreditando sus instituciones. Sienten que el Ejército y la Marina deben tener consideraciones especiales, intocables, aun cuando vemos a generales detenidos por nexos con el crimen organizado. Digamos que esa libertad para enlodar a las policías de los tres niveles de gobierno se reprime totalmente cuando se trata de la SEDENA y la SEMAR.
No es una doble moral, es el tabú que domina las formas de la política mexicana. La milicia es un grupo de elite que tiene garantizado el nombramiento de dos de los suyos: el Secretario de la Defensa y del de Marina, al menos mientras evoluciona la estructura hasta llegar a un mando civil entre el presidente de la república y el máximo mando militar, un Ministerio de la Defensa, civil, como ocurre en países del primer mundo, uno de ellos Francia -Gérard Longet lleva el mando-, modelo de la Gendarmería que anunció Peña Nieto en la gira como presidente electo en ese país. La misma Colombia de Naranjo Trujillo designa a un civil como Ministro de la Defensa –actualmente Juan Carlos Pinzón- desde que en 1991 Cesar Gaviria tomó la decisión para evitar presiones de los militares que consideraban al general Ministro en turno la máxima autoridad de la nación.
La disciplina y lealtad militar en México dista mucho de esos temores, sin embargo es una evolución operativa que amerita tomarse en cuenta, un claro ejemplo que sufrió Felipe Calderón fueron las constantes patadas bajo la mesa de las Secretarías de la Defensa, la de Marina y la SSP, en constante competencia por ver quien atrapaba y presentaba al criminal mas pesado, una contienda insana que provocó letargos y la parálisis de uno y otros. Peña tendrá que resolver ese pendiente o repetirá el vía crucis de Calderón.
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martes, 22 de noviembre de 2016
General Barragán, la sombra del narco en la petición del almirante Soberón
Hugo Páez
Con el sol en el cenit, el almirante Vidal Soberón Sanz repasó su discurso en el Campo Marte, en la fecha conmemorativa de la Revolución Mexicana, ocasión del Comandante en Jefe para reconocer y condecorar a militares de las dos secretarías, oportunidad también para señalar las mayores preocupaciones de los militares, el Secretario de Marina pidió nuevamente al Congreso certeza jurídica para elementos de la Sedena y la Semar en la lucha contra el crimen organizado, con el desánimo de una pésima noticia...
La mañana del domingo, el Secretario de Marina leyó en el periódico Reforma la sentencia de 15 años del General Brigadier Juan Manuel Barragán Espinosa, yerno del ex Secretario de la Defensa Félix Galván López, sobrino del legendario Marcelino García Barragán.
Un juez federal lo encontró culpable de nexos con Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y, con precisión en el calendario castrense, se dio a conocer el día en que el Almirante Soberón apuntaría baterías al Legislativo, donde aguarda también una importante iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto para pasar el control de los puertos a la Semar, actualmente en manos de la SCT de Gerardo Ruiz Esparza, interpretado por la Marina Mercante como simple militarización de la operación portuaria, un retroceso con el argumento del combate al crimen organizado.
La mancha de Barragán Espinosa ensucia a la milicia, aunque marca esa distancia que gusta a la Marina para separar la pulcritud del trabajo propio, del Ejército. De esa distancia hay registro en el sexenio de Felipe Calderón en los documentos de Wikileaks como reporte del ex embajador de USA Carlos Pascual a Washington, donde puntualizó su desconfianza en la institución del general Secretario Guillermo Galván Galván, por lentos y omisos, sospechosos de cierto trato con el cártel que opera el Triángulo Dorado formado en la confluencia de Sinaloa, Chihuahua y Durango.
Pero esa pulcritud se vuelve grisácea con operativos como el abatimiento de Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca Morelos en diciembre del 2009: elementos de la Marina Armada aparecen junto al cadáver del capo sinaloense con los pantalones abajo, descamisado, con el cuerpo lleno de billetes de dólares y pesos, pegados en piernas, dorso y brazos, interpretado como típico mensaje de un cártel a otro (fotos http://ow.ly/wE8m306oHKa).
En esa atmósfera aparece el general Juan Manuel Barragán como presunto gestor de una reunión de representantes del Chapo Guzmán con el general Galván Galván, para desactivar los operativos de la Sedena en la zona de influencia. El encuentro no se dio y el sobrino de Marcelino García Barragán purga 15 años por delincuencia organizada.
Del 2000 al 2016 media docena de generales han sido investigados y procesados por tribunales militares y civiles por nexos con el narcotráfico, en estos casos, como en los civiles, el ministerio público presenta los mismos índices de ineficacia para reunir pruebas, al final del día fueron liberados.
Dieciseis años atrás otro juez civil dictó 40 años de prisión al General de División Jesús Gutiérrez Rebollo por delitos contra la salud y delincuencia organizada. La probada relación del Zar Antidrogas de México con Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos” lo mantiene en la cárcel. La ‘historia’ del capo ahora reeditada, malversada y falaz, en una de las peores porquerías que ha producido la televisión para erigirse en el ‘documento’ que nutre el know how de la juventud sobre la história del narcotráfico en México.
A un mes de cerrar el cuarto año de gobierno de Enrique Peña Nieto Los números del crimen son frustrantes para Miguel Ángel Osorio Chong, Renato Sales Heredia, Raúl Cervantes, Salvador Cienfuegos y Vidal Soberón, los discursos de la autoridad y de la sociedad civil van en tono de reclamo, de impotencia, de planteamientos desesperados, y, sobre todo, de un futuro militarizado pseudo esperanzador que da más miedo.
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sábado, 25 de noviembre de 2017
Ya se equivocaron en la lucha contra el crimen, NO lo hagan al imponer la Ley de Seguridad Interior
Hugo Páez
Para las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la seguridad pública no hay duda: la aprobación de reformas en materia de seguridad interior, tal como la promueven el Secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, y el de Marina, Vidal Soberón Sanz, provocaría el aumento de la violencia y las violaciones a los derechos humanos, sin una discusión a fondo, y sin atender previamente la reforma de las fiscalías, y la crisis de las distintas policías.
ONG´s como México Unido Contra la Delincuencia aseguran que en las últimas semanas, diferentes funcionarios de gobierno federal, legisladores, gobiernos locales y el propios titulares castrenses, han insistido en medios de comunicación sobre la necesidad de regular un marco jurídico que proporcione certeza a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones.
El problema de la seguridad pública es una ecuación diferencial que se quiere resolver con una regla de tres simple. Con una respuesta violenta, que provoca mayor violencia, por un grupo de funcionarios que tienen mente y espíritu puestos en su futuro político, y calculan cada paso en razón del beneficio o perjuicio en imagen, en proyección de medios de comunicación.
Este sistema, hay que decirlo, mide constantemente su posicionamiento en la oferta electoral, en el escaparate que pervierte el propósito de la función, y ahí están los resultados con cifras récord en asesinatos en la historia de los registros, cuatro meses consecutivos este año, con un acumulado a octubre en el 2017 de 20 mil 878 carpetas de investigación, más de 13 mil que el sexenio pasado, y a este le falta arriba del año.
Escucho al Comisionado Nacional de Seguridad Renato Sales Heredia explicar algunas de las causas del pandemónium. Veo de nuevo ese tacto para no ‘herir’ a los implicados en esta solución ausente: los gobernadores, alcaldes, legisladores, policías y las Fuerzas Armadas. Habla solamente de los 22 cambios en gubernaturas en el sexenio, que complicaron la continuidad, de la falta de acuerdos para unificar mandos policiacos. La falta de disposición parlamentaria, solamente es tocada con un pétalo aterciopelado.
Justifica el tránsito de cocaína por el impasse en Colombia y la zona cocalera, donde se detuvo la fumigación de cultivos durante tres años, por los acuerdos con la guerrilla de las FARC. En ningún momento tocó el error de pasar al control del Ejército a erradicación de cultivos, donde antes también operaba la Policía Federal, ni aludió al disparo del 70% de plantíos de amapola, para la producción de heroína y opiáceos, en el Triángulo Dorado, del 2014 al 2016, en la confluencia de Sinaloa de Mario López Valdez, Durango de Jorge Herrera, y Chihuahua de César Duarte, zona de influencia de la III Región Militar.
Tampoco habló del error de fusionar la Secretaría de Seguridad Pública en Gobernación, y la exigencia de las ONG´s y los empresarios para separarla nuevamente.
Cero firmeza de Sales Heredia, cero presionar el dedo sobre la llaga que lo contamina todo: la corrupción y el mercantilismo político de gobernadores, alcaldes, diputados de todo tipo y colores, y senadores. Sin embargo, Renato se promueve como uno de los Fiscales vacantes, preferentemente el General de la República, y de hecho no es mal visto por algunas ONGs, por lo tanto, necesitará un Senado que NO esté molesto con sus reclamos.
Y ni se diga del proyecto presidencial del Secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong, causa por la cual María Elena Morera ha señalado tibieza y cálculo político en numerables ocasiones. Habrá que suponer que la molestia de Enrique Peña Nieto con la promoción desorbitada de José Meade Kuribreña por Luis Videgaray Caso y el sector empresarial, dan nuevos bríos a Osorio Chong, pero también a Aurelio Nuño Mayer y José Narro Robles, y a más con la frase presidencial de que “todos estamos despistados en la sucesión presidencial”, la del PRI, por supuesto, para delicia del Frente Ciudadano por México, de Ricardo Anaya Cortés, Alejandra Barrales Magdaleno y Dante Delgado Ranauro.
Nunca entendí la canonización a priori de Meade Kuribreña y su cofradía político financiera donde Videgaray se asume en el báculo, cuando el país decrece, en comparación con la tendencia internacional de más de 10 años, que ya va en el orden del 3.5% y 4%, mientras acá luchamos por el 2% y sin Tratado de Libre Comercio, estaremos en el 1.5%, si bien nos va.
Este lunes 27 de noviembre, el Colectivo #SeguridadSinGuerra se posicionará sobre las alternativas en modelos de seguridad, y los riesgos de un aumento mayor de la violencia y las violaciones a derechos humanos. Según las ONG´s las cifras oficiales sobre homicidios y otros delitos, proporcionadas por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública de Álvaro Vizcaíno, dan cuenta de los desastrosos resultados, durante la década de la militarización, iniciada por Felipe Calderón Hinojosa.
El jueves comenté en este espacio sobre las condiciones lastimosas de la Policía Federal, echados a la calle de hoteles donde no pueden cubrir el pago, con imágenes fotográficas para regocijo del crimen organizado: La sola imagen es absurda en un país con cifras récord de muertes del crimen organizado que rebasan la de todos los tiempos: Un grupo de infelices policías federales uniformados, echados a la calle de un hotel, sentados en el suelos con maletas y equipo, por falta de pago de la institución o de la promesa de cooperación de gobiernos estatales.
La fotografía forma parte de un álbum de la infamia que se repite una y otra vez para las divisiones de la Policía Federal, en Michoacán, Chihuahua, Baja California, Tamaulipas y el estado de Héctor Astudillo.
Ridícula y humillante escena de la autoridad federal, mientras gastamos más de 5 mil millones de pesos en partidos políticos en el 2015, y en el 2018 el gasto rebasará los 11 mil millones. No hay duda, tenemos pervertidas las prioridades.
Permanecen secuestradas por intereses políticos que privilegian un sistema de beneficios incalculables, para una nomenclatura que brinca de un partido a otro, del Congreso a las Secretarías de Estado, a gubernaturas, a alcaldías, y visceversa, en un carrusel de tiempo inagotable, con esa esa especie de plaga impulsada por una dinámica de prebendas y corrupción.
Es la imagen de un estado débil, de costos incalculable en percepción de la autoridad federal frente a las corruptas policías estatales y municipales -para todos aquellos que tratan de desgarrar las vestiduras, voy a añadir ‘No todas’-.
Y a la vez es objeto de sarcasmo para todo tipo de cárteles, desde los pedestres hasta las firmas del Pacífico, Golfo, Nueva Generación, Zetas y más.
¿Por qué vemos a los Policías Federales durmiendo en campamentos insalubres, con innumerables carencias, comprando implementos de trabajo con dinero propio, y a otros con las maletas en la calle..? El fracaso histórico en seguridad pública será un arsenal para la oposición, para Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, Alejandra Barrales, Dante Delgado, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez.
La foto de los Policías Federales, con maletas en la calle me da vergüenza, y a la vez admiración por el estoicismo al mantenerse en pie, por aguantar lástima de los ciudadanos y burlas de los criminales. Todo se jode cuando los mañosos desbordan de presupuesto, y los eslabones de la seguridad son objeto de burla y abandono.
El gobierno federal se equivocó brutalmente en la lucha contra el crimen, los datos no mienten, sin embargo, avalar la Ley de Seguridad Interior, tal como está la propuesta, tolerante en grandes espacio para los abusos, que puede derivar en un estado policiaco con la aplicación del terror, ese sería un gran error histórico difícil de revertir.
jueves, 23 de octubre de 2014
La PGR y la Tele descubren a la pareja del mal, como en La Dictadura Perfecta
Hugo Páez
Pensé que era un mal sueño, pero no. Ayer la televisión nacional y la PGR reeditaron una de las escenas centrales de la pésima película La Dictadura Perfecta, donde una pareja del mal, en un primer capítulo, era la culpable de las desapariciones. Después de 26 días, José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda Villa, capitalizaron los males de Guerrero.
Prepárese porque este capítulo de la televida nacional apunta a dos culpables, hay que dar respuesta, ante la deseperanza de encontrar vivos a los normalistas, y tal vez ni siquiera encontrar nada. Habrá que darle un final de televisión ante la frustración de las autoridades, con fondo de pantalla verde para escenarios virtuales, encarnado en la pareja del mal y como respuesta a la enorme protesta que se gesta por la ineficiencia de los tres niveles de gobierno.
Ahora entiendo la Comisión de la Verdad como exigencia de la sociedad civil organizada. Juan Ramón de la Fuente, María Elena Morera, Roy Campos, Alejandro Martí, Josefina Ricaño de Nava, Isabel Miranda de Wallace, y una docena de personalidades, entre líderes de la sociedad civil y otros denominados intelectuales, no confían en que Enrique Peña Nieto llegue a la verdad en el caso Iguala ni en el de Tlatlaya. No hay otra forma de explicar la propuesta de una Comisión de la Verdad Ciudadana, cuando la investigación fue atraída por la autoridad federal.
Los dos hechos mantienen vivo el fuego y al país en tensión que escala cada vez más las protestas violentas. En el primero fueron asesinados 3 normalistas y desaparecidos otros 43, en el segundo el Ejército ejecutó a 15 civiles, según un reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Platique ayer con el vicepresidente de la Cámara de Senadores, Arturo Zamora, me dice que el camino menos traumático es la renuncia de Ángel Aguirre Rivero, la pidió el martes junto al senador del PAN Héctor Larios. Los dos hablan por el sentir de sus grupos parlamentarios.
Zamora comenta que casos como el de Guerrero justifican la figura de Revocación de Mandato, que no se debe ligar a alguna votación, como es el caso de otro tipo de consulta popular. El argumento es claro, la desaparición de poderes, como lo pidió Acción Nacional en el Senado, implica la desaparición del Congreso y del Tribunal Superior de Justicia del Estado, pero en Guerrero los dos funcionan, el cuestionado es el gobernador, por lo tanto, dos de tres poderes en funciones complican o imposibilitan la base argumental para la desaparición de poderes.
Otra opción es la licencia del gobernador, la salida más protectora para sus intereses, con la que conservaría el fuero constitucional.
Pero la renuncia es el coro más nutrido.
Desde el primer momento fue un reclamo de la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera -lo publicamos en este espacio-, razones no le faltan, la ONG que preside insistió una y otra vez sobre las terribles condiciones de inseguridad de Guerrero y la estupidez del gobernador al desdeñar con soberbia majadera las recomendaciones de las asociaciones civiles en la aplicación de mecanismos de control de confianza a las policías y a los funcionarios de los dos niveles de gobierno.
Lo que no entiendo es la selectividad.
Los líderes sociales y grupos parlamentarios en Senado y Diputados, piden la renuncia del Gobernador y no la del Secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos, y a la vez, los primeros, meten en el mismo crisol de la Comisión de la Verdad Ciudadana los casos Iguala y Tlatlaya.
Pero hasta que no se encuentren a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, la ejecución del Ejército es una muestra mayor de barbarie, se trata de una institución que tradicionalmente tiene el respaldo de los ciudadano, en consecuencia, el daño a la confianza de la misma es brutal.
Pero ayer vimos el inicio de un nuevo capítulo del drama Guerrero, que parece sacado de la mala película La Dictadura Perfecta. Después de 26 días de del viernes trágico en Iguala, el gobierno federal decide enfocar el “mal” del estado en la pareja del alcalde y su esposa, José Luis Abarca Velázquez y María de los Ángeles Pineda Villa, como figuras centrales, cuando señalamos desde un principio en este espacio, los nexos de los Abarca, los Pineda con Lázaro Mazón y el crimen organizado. Nada que descubrir, era un secreto a voces.
Para darle credibilidad al resultado de la investigación de la PGR, las cámaras de televisión en el noticiero nocturno presentaron ayer reportajes del “bunker” donde vivían los ahora prófugos José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda, reforzadas con videos de archivo de la pareja y gráficas tridimensionales.
Espero no salirme de esta película antes del final, como lo hice de La Dictadura Perfecta, que terminó en una especie de boudeville y catarsis con una mala sátira política y de la televisión nacional, con palomitas, refresco y risas vengadoras del público.
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jueves, 29 de abril de 2010
Fuerzas Armadas y gobierno federal someten a PAN y PRI
Hugo Páez
Las dos instituciones con más fuerza en el estado mexicano, la Secretaría de la Defensa Nacional y los medios electrónicos con Televisa a la cabeza, fueron capaces de postergar reformas a la ley de seguridad y de medios, hasta septiembre. Con la confianza de que llegado el momento... ya habrá otro pretexto para volver a darle largas, o sepultura.
Lo que inició hace ocho días como una propuesta del senador Pablo Gómez para modificar la imprecisión legal “tribunales competentes” por “tribunales civiles” en responsabilidad del ejército y la marina en delitos civiles. El martes quedó congelado a petición del Secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, bajo el alegato de que el ejecutivo enviaría una reforma integral a las leyes del ejército.
El tema camina con pasos de plomo en el gobierno federal. Felipe Calderón aún no encuentra la cuadratura que permita la aceptación del Ejército, ante la posibilidad de que sus elementos sean investigados y juzgados por jueces civiles, como sería el caso de los asesinatos de los alumnos del Tec de Monterrey, el de los niños de 5 y 9 años, Bryan y Martín Almanza el 3 de abril cuando viajaban con sus padres en una carretera de Tamaulipas, y un número de casos que asciende a mas de mil cien civiles muertos en la guerra contra el crimen organizado. Tan solo de niños se contabilizan más de 95 en lo que va del año.
El ejército y marina pagan costos inimaginables en imagen. Son instituciones que se han conservado en la cima de la confianza de los mexicanos, por encima de la iglesia católica que vive una crisis mundial que seguramente dejará profundas.
Con sueldos de miseria a través de la historia, las fuerzas armadas son el último recurso de trabajo para campesinos, jornaleros y los núcleos de población marginales de la economía. No se comparan con la sólida estructura de la US Army, concebida como una institución con enormes recursos y movilidad en el ámbito internacional, con ciencia y tecnología propias que la convierten en una maquinaria que genera las condiciones para que Estados Unidos obtenga recursos de otros países. Aún con estas ventajas, el ejército de Estados Unidos no es utilizado en acciones civiles en sus calles contra el crimen organizado, caso contrario el de Calderón, que por la obvia filtración del crimen organizado en las policías federales, estatales y municipales no le quedó otra opción que echar mano del ejército, y día a día tiene que estar estimulando su confianza, hay que recordar que es la institución que más aumentos de salario ha recibido desde inicios del sexenio.
Enjuiciar a los militares en tribunales civiles será interpretada en el mundo castrense como una severa agresión, fue el motivo de la visita del Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont al Senado, para congelar el cambio al fuero militar.
Con los riesgos de enviar a una tropa sin preparación para acciones policiacas, el general Guillermo Galván Galván corre el riesgo de ver a sus soldados, sargentos, capitanes, mayores y generales, en escandalosos juicios civiles. Basta recordar la cobertura de la muerte de Paulette que convirtió la tragedia en una telenovela mediática. Esta vez sería con uniformes y equipo militar, de un lado, y la sociedad civil de otro. Una polarización que sería plato suculento para los detractores de Felipe Calderón. Ya imagino a los “Noroñas” (se convirtió en un icono, no?) pidiendo la cabeza del comandante en jefe, la punta en la línea de mando.
El tema tiene caminos muy peligrosos, sin embargo la ley anti inmigrante en Arizona y la cultura de la mariguana en Estados Unidos que gestó aberraciones como el día de la mariguana, la semana pasada, sirven para abonar el terreno a una posible baja en la intensidad de la guerra contra el crimen organizado, tal como la estamos viendo: con militares y federales en operativos abiertos. No son casuales las sobrecoberturas de Televisa a los repudios contra la ley Arizona y los reportajes de consumo de droga en Estados Unidos, el martes, se habló de que es uno de los mayores productor de mariguana, y consumidor, por supuesto. Un dato viejo, revelado hace un año a Impacto por el ex procurador Eduardo Medina Mora, se publicó al día siguiente a ocho columnas, además de exponer que la investigación en cultivos de la canavis produjo plantas con canavinol mucho más potente que las sembradas en México.
Sobre militares en delitos civiles la ley dice:
“En las tareas de auxilio de la Fuerza Armada Permanente, las conductas que sus miembros realicen y pudieren ser constitutivas de delito, que afecten a personas civiles, serán perseguidas y sancionadas por los tribunales competentes con estricta observancia de los principios de objetividad, independencia, imparcialidad, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 13 y 133 constitucionales".
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Las dos instituciones con más fuerza en el estado mexicano, la Secretaría de la Defensa Nacional y los medios electrónicos con Televisa a la cabeza, fueron capaces de postergar reformas a la ley de seguridad y de medios, hasta septiembre. Con la confianza de que llegado el momento... ya habrá otro pretexto para volver a darle largas, o sepultura.
Lo que inició hace ocho días como una propuesta del senador Pablo Gómez para modificar la imprecisión legal “tribunales competentes” por “tribunales civiles” en responsabilidad del ejército y la marina en delitos civiles. El martes quedó congelado a petición del Secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, bajo el alegato de que el ejecutivo enviaría una reforma integral a las leyes del ejército.
El tema camina con pasos de plomo en el gobierno federal. Felipe Calderón aún no encuentra la cuadratura que permita la aceptación del Ejército, ante la posibilidad de que sus elementos sean investigados y juzgados por jueces civiles, como sería el caso de los asesinatos de los alumnos del Tec de Monterrey, el de los niños de 5 y 9 años, Bryan y Martín Almanza el 3 de abril cuando viajaban con sus padres en una carretera de Tamaulipas, y un número de casos que asciende a mas de mil cien civiles muertos en la guerra contra el crimen organizado. Tan solo de niños se contabilizan más de 95 en lo que va del año.
El ejército y marina pagan costos inimaginables en imagen. Son instituciones que se han conservado en la cima de la confianza de los mexicanos, por encima de la iglesia católica que vive una crisis mundial que seguramente dejará profundas.
Con sueldos de miseria a través de la historia, las fuerzas armadas son el último recurso de trabajo para campesinos, jornaleros y los núcleos de población marginales de la economía. No se comparan con la sólida estructura de la US Army, concebida como una institución con enormes recursos y movilidad en el ámbito internacional, con ciencia y tecnología propias que la convierten en una maquinaria que genera las condiciones para que Estados Unidos obtenga recursos de otros países. Aún con estas ventajas, el ejército de Estados Unidos no es utilizado en acciones civiles en sus calles contra el crimen organizado, caso contrario el de Calderón, que por la obvia filtración del crimen organizado en las policías federales, estatales y municipales no le quedó otra opción que echar mano del ejército, y día a día tiene que estar estimulando su confianza, hay que recordar que es la institución que más aumentos de salario ha recibido desde inicios del sexenio.
Enjuiciar a los militares en tribunales civiles será interpretada en el mundo castrense como una severa agresión, fue el motivo de la visita del Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont al Senado, para congelar el cambio al fuero militar.
Con los riesgos de enviar a una tropa sin preparación para acciones policiacas, el general Guillermo Galván Galván corre el riesgo de ver a sus soldados, sargentos, capitanes, mayores y generales, en escandalosos juicios civiles. Basta recordar la cobertura de la muerte de Paulette que convirtió la tragedia en una telenovela mediática. Esta vez sería con uniformes y equipo militar, de un lado, y la sociedad civil de otro. Una polarización que sería plato suculento para los detractores de Felipe Calderón. Ya imagino a los “Noroñas” (se convirtió en un icono, no?) pidiendo la cabeza del comandante en jefe, la punta en la línea de mando.
El tema tiene caminos muy peligrosos, sin embargo la ley anti inmigrante en Arizona y la cultura de la mariguana en Estados Unidos que gestó aberraciones como el día de la mariguana, la semana pasada, sirven para abonar el terreno a una posible baja en la intensidad de la guerra contra el crimen organizado, tal como la estamos viendo: con militares y federales en operativos abiertos. No son casuales las sobrecoberturas de Televisa a los repudios contra la ley Arizona y los reportajes de consumo de droga en Estados Unidos, el martes, se habló de que es uno de los mayores productor de mariguana, y consumidor, por supuesto. Un dato viejo, revelado hace un año a Impacto por el ex procurador Eduardo Medina Mora, se publicó al día siguiente a ocho columnas, además de exponer que la investigación en cultivos de la canavis produjo plantas con canavinol mucho más potente que las sembradas en México.
Sobre militares en delitos civiles la ley dice:
“En las tareas de auxilio de la Fuerza Armada Permanente, las conductas que sus miembros realicen y pudieren ser constitutivas de delito, que afecten a personas civiles, serán perseguidas y sancionadas por los tribunales competentes con estricta observancia de los principios de objetividad, independencia, imparcialidad, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 13 y 133 constitucionales".
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jueves, 9 de junio de 2011
Primera prueba de persecución política para Marisela Morales
Hugo Páez
En un movimiento que debe dejar tranquilos a priistas y perredistas, la procuradora Marisela Morales no se prestó a la persecución política contra Jorge Hank Rhon. No hay ninguna información que nos haga pensar que se lo pidieron, sin embargo, bajo la perenne sospecha de que el procurador se puede prestar a esas maniobras, resolvió con transparencia y regreso al ex alcalde y su expediente a Tijuana, con el ministerio público, juez y prisión que le corresponden de acuerdo a la información que le entregó el ejército, operador del asalto a la residencia del hijo del emblemático priista Carlos Hank González.
Es la primera prueba de persecución política para Marisela, quien a diferencia de los priistas cercanos a Jorge Hank se doblaron ante la posibilidad de salir manchados. Las defensas fueron tímidas y obligadas, en espera de nuevos cargos. Ahora que las condiciones cambiaron y hay lugar para el oportunismo, el lector debe esperar un desgarradero de vestiduras tricolores.
El laberinto de explicaciones que inició Poiré terminó en la conferencia de prensa de la titular de la SIEDO Patricia Bugarín quien aseguró que Jorge Hank fue consignado por un solo delito: violar la Ley de Armas de Fuego. Un caso que bajó los decibeles en pocas horas, y explica hasta cierto punto la revelación del Vocero de Seguridad Nacional Alejandro Poiré: “El presidente Felipe Calderón no sabia nada del operativo contra Jorge Hank Rhon”
Pero en los resultados, consignarlo a un juez por posesión de armas de uso exclusivo del ejército, cuando gravitan mil historias terribles alrededor del ex alcalde de Tijuana, parece un fracaso del gobierno federal, o de plano el presidente no sabia del operativo del Ejército sin orden de cateo.
De ser así, habría que pensar que la acción de un grupo de militares desacreditó la futura detención de uno o dos ex gobernadores priistas, como se ha venido manoseando en columnas políticas.
Con las palabras de Poiré damos por hecho que el presidente oficialmente no sabía, ni el Secretario de la Defensa, porque si alguno de ellos tenía información y no la compartió con el otro, es muy preocupante; y si los dos sabían y no pudieron integrar un caso sólido, es de una incompetencia de miedo.
La versión oficial parece la menos costosa en términos políticos, y podría quedar en una metida de pata: grupo de militares regionales montó un operativo que mereció la máxima secrecía, con asalto sorpresivo hasta la recámara de Jorge Hank, y salieron con la bobería de que tiene armas ilegales, las cuales, seguramente alegara el ex alcalde son para defenderse de la inseguridad que no le puede dar el estado a los mexicanos, como está comprobadísimo.
Me dicen fuentes oficiales del Ejército que la fuerza regional que detuvo a Jorge Hank Rhon actuó conforme al manual, es decir, una presunta flagrancia los llevó de inmediato a la casa de Hank y eso los faculta para entrar sin orden judicial. Así es la regla de Sedena y la deben cumplir en cualquier parte del país.
Evidentemente es una acción militar en el ámbito civil, donde existe la alternativa policiaca de los tres niveles de gobierno: local, estatal y federal.
Quiero entender que el manual que redactaron los mandos militares, transmitidos a las comandancias regionales, parece trazar sus propias reglas, aun cuando la Constitución no les da atribuciones para realizar labores policiacas, aunque se imaginan que si, y logran torcerla en el umbral del vacío legal.
Eso habrá de aclararse, porque la mala apariencia de la acción en Tijuana será un obstáculo para la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, en especial para el Código Militar que busca proteger la incursión de sus elementos en operativos civiles.
Actualmente la ley es confusa, habla de que los militares serán juzgados en tribunales competentes, aun en acciones civiles. Para efectos de conveniniencia, los tribunales militares son competentes, nadie puede negarlo, sin embargo, organismos de derechos humanos nacionales e internacionales reclaman que los militares sean juzgados en tribunales civiles, si el delito es cometido en operativos civiles.
El reclamo tiene fundamento porque se hace burocráticamente imposible darle seguimiento a las penas que purgan los militares juzgados por ellos mismos, y siempre existirá la sospecha de protección de sus pares, desde el proceso hasta el cumplimiento de la sentencia.
Este es solo un elemento de la reforma a la ley, otros versan sobre la estructura de autoridad que debe tener el mando en los operativos, etcétera.
La resistencia en el Congreso a aprobar la reforma se fue diluyendo a medida que el combate al crimen organizado se tornó mas violento y apareció la necesitad de atacar a las bandas criminales con mayor potencia bélica. A las fuerzas armadas y la Policía Federal se les vio como las únicas autoridades capaces de hacer frente a esa escala, sin embargo, en el operativo contra Jorge Hank reaparece el temor de orientar esa fuerza con fines políticos, y precisamente en la institución con mayor músculo coercitivo: el Ejército, por lo tanto, el debate de las reformas de ley regresará al punto de inicio, precisamente en momentos en que la agenda de la República se empata con la agenda electoral en el Estado de México y en la dinámica de los comicios presidenciales del 2012.
En las primeras horas del operativo en Tijuana apareció un comunicado conjunto de Sedena y la Procuraduría General de la República con un texto que explica la flagrancia en las primeras detenciones y justifica el allanamiento a la casa del ex alcalde: “A consecuencia de lo anterior, el personal castrense se desplazó a la citada colonia, localizando el inmueble de referencia, detectando fuera del mismo a personas armadas, quienes se introdujeron al domicilio”.
En el inmueble fueron detenidas ocho personas más y se localizaron 40 armas largas, 48 pistolas, 9 mil 298 cartuchos, 70 cargadores y una granada de gas. El agente del Ministerio Público de la Federación inició una averiguación previa por la probable comisión de delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Los detenidos son Jorge Hank Rhon, Marco Antonio Trinidad Gómez, Luis Alfonso Sánchez Solís, Rubén Muñoz Nava, Víctor Manuel de la Torre Horta, Javier Marco Polo Ayala Roldán, Rigoberto González López, César Pérez Guerrero, Carlos Gonzalo Pérez Contreras o Carlos Gonzalo Rizo Pérez, Ramón López Apodaca y Juan Ignacio Parra Santos. La PGR abrió la averiguación previa AP/PGR/BC/TIJ/1580/11 y señaló que “realizará las diligencias que resulten necesarias para estar en aptitud de determinar lo que en derecho proceda”.
Pues bien, de 88 armas incautadas, 10 contaban con permiso del Ejército, la institución que entró hasta la recámara de Jorge Hank, un civil con un negro historial pero sin una orden de aprehensión y que no estaba huyendo de ninguna autoridad, tan es así, que la propia Sedena le dio 10 permisos para portar armas, permisos que me imagino pasaron por el escrutinio militar para ser expedidos, y en eso está la probada moralidad del solicitante ¿O no?
Blog: http://hugorenepaez.blogspot.com/
twiiter: @hugopaez correo: hugopaez@prodigy.net.mx
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En un movimiento que debe dejar tranquilos a priistas y perredistas, la procuradora Marisela Morales no se prestó a la persecución política contra Jorge Hank Rhon. No hay ninguna información que nos haga pensar que se lo pidieron, sin embargo, bajo la perenne sospecha de que el procurador se puede prestar a esas maniobras, resolvió con transparencia y regreso al ex alcalde y su expediente a Tijuana, con el ministerio público, juez y prisión que le corresponden de acuerdo a la información que le entregó el ejército, operador del asalto a la residencia del hijo del emblemático priista Carlos Hank González.
Es la primera prueba de persecución política para Marisela, quien a diferencia de los priistas cercanos a Jorge Hank se doblaron ante la posibilidad de salir manchados. Las defensas fueron tímidas y obligadas, en espera de nuevos cargos. Ahora que las condiciones cambiaron y hay lugar para el oportunismo, el lector debe esperar un desgarradero de vestiduras tricolores.
El laberinto de explicaciones que inició Poiré terminó en la conferencia de prensa de la titular de la SIEDO Patricia Bugarín quien aseguró que Jorge Hank fue consignado por un solo delito: violar la Ley de Armas de Fuego. Un caso que bajó los decibeles en pocas horas, y explica hasta cierto punto la revelación del Vocero de Seguridad Nacional Alejandro Poiré: “El presidente Felipe Calderón no sabia nada del operativo contra Jorge Hank Rhon”
Pero en los resultados, consignarlo a un juez por posesión de armas de uso exclusivo del ejército, cuando gravitan mil historias terribles alrededor del ex alcalde de Tijuana, parece un fracaso del gobierno federal, o de plano el presidente no sabia del operativo del Ejército sin orden de cateo.
De ser así, habría que pensar que la acción de un grupo de militares desacreditó la futura detención de uno o dos ex gobernadores priistas, como se ha venido manoseando en columnas políticas.
Con las palabras de Poiré damos por hecho que el presidente oficialmente no sabía, ni el Secretario de la Defensa, porque si alguno de ellos tenía información y no la compartió con el otro, es muy preocupante; y si los dos sabían y no pudieron integrar un caso sólido, es de una incompetencia de miedo.
La versión oficial parece la menos costosa en términos políticos, y podría quedar en una metida de pata: grupo de militares regionales montó un operativo que mereció la máxima secrecía, con asalto sorpresivo hasta la recámara de Jorge Hank, y salieron con la bobería de que tiene armas ilegales, las cuales, seguramente alegara el ex alcalde son para defenderse de la inseguridad que no le puede dar el estado a los mexicanos, como está comprobadísimo.
Me dicen fuentes oficiales del Ejército que la fuerza regional que detuvo a Jorge Hank Rhon actuó conforme al manual, es decir, una presunta flagrancia los llevó de inmediato a la casa de Hank y eso los faculta para entrar sin orden judicial. Así es la regla de Sedena y la deben cumplir en cualquier parte del país.
Evidentemente es una acción militar en el ámbito civil, donde existe la alternativa policiaca de los tres niveles de gobierno: local, estatal y federal.
Quiero entender que el manual que redactaron los mandos militares, transmitidos a las comandancias regionales, parece trazar sus propias reglas, aun cuando la Constitución no les da atribuciones para realizar labores policiacas, aunque se imaginan que si, y logran torcerla en el umbral del vacío legal.
Eso habrá de aclararse, porque la mala apariencia de la acción en Tijuana será un obstáculo para la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, en especial para el Código Militar que busca proteger la incursión de sus elementos en operativos civiles.
Actualmente la ley es confusa, habla de que los militares serán juzgados en tribunales competentes, aun en acciones civiles. Para efectos de conveniniencia, los tribunales militares son competentes, nadie puede negarlo, sin embargo, organismos de derechos humanos nacionales e internacionales reclaman que los militares sean juzgados en tribunales civiles, si el delito es cometido en operativos civiles.
El reclamo tiene fundamento porque se hace burocráticamente imposible darle seguimiento a las penas que purgan los militares juzgados por ellos mismos, y siempre existirá la sospecha de protección de sus pares, desde el proceso hasta el cumplimiento de la sentencia.
Este es solo un elemento de la reforma a la ley, otros versan sobre la estructura de autoridad que debe tener el mando en los operativos, etcétera.
La resistencia en el Congreso a aprobar la reforma se fue diluyendo a medida que el combate al crimen organizado se tornó mas violento y apareció la necesitad de atacar a las bandas criminales con mayor potencia bélica. A las fuerzas armadas y la Policía Federal se les vio como las únicas autoridades capaces de hacer frente a esa escala, sin embargo, en el operativo contra Jorge Hank reaparece el temor de orientar esa fuerza con fines políticos, y precisamente en la institución con mayor músculo coercitivo: el Ejército, por lo tanto, el debate de las reformas de ley regresará al punto de inicio, precisamente en momentos en que la agenda de la República se empata con la agenda electoral en el Estado de México y en la dinámica de los comicios presidenciales del 2012.
En las primeras horas del operativo en Tijuana apareció un comunicado conjunto de Sedena y la Procuraduría General de la República con un texto que explica la flagrancia en las primeras detenciones y justifica el allanamiento a la casa del ex alcalde: “A consecuencia de lo anterior, el personal castrense se desplazó a la citada colonia, localizando el inmueble de referencia, detectando fuera del mismo a personas armadas, quienes se introdujeron al domicilio”.
En el inmueble fueron detenidas ocho personas más y se localizaron 40 armas largas, 48 pistolas, 9 mil 298 cartuchos, 70 cargadores y una granada de gas. El agente del Ministerio Público de la Federación inició una averiguación previa por la probable comisión de delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Los detenidos son Jorge Hank Rhon, Marco Antonio Trinidad Gómez, Luis Alfonso Sánchez Solís, Rubén Muñoz Nava, Víctor Manuel de la Torre Horta, Javier Marco Polo Ayala Roldán, Rigoberto González López, César Pérez Guerrero, Carlos Gonzalo Pérez Contreras o Carlos Gonzalo Rizo Pérez, Ramón López Apodaca y Juan Ignacio Parra Santos. La PGR abrió la averiguación previa AP/PGR/BC/TIJ/1580/11 y señaló que “realizará las diligencias que resulten necesarias para estar en aptitud de determinar lo que en derecho proceda”.
Pues bien, de 88 armas incautadas, 10 contaban con permiso del Ejército, la institución que entró hasta la recámara de Jorge Hank, un civil con un negro historial pero sin una orden de aprehensión y que no estaba huyendo de ninguna autoridad, tan es así, que la propia Sedena le dio 10 permisos para portar armas, permisos que me imagino pasaron por el escrutinio militar para ser expedidos, y en eso está la probada moralidad del solicitante ¿O no?
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La Teoria del Caos HUGO PAEZ
La Teoria del Caos
Primera prueba de persecución política para Marisela Morales
HUGO PAEZ
Hugo Páez
En un movimiento que debe dejar tranquilos a priistas y perredistas, la procuradora Marisela Morales no se prestó a la persecución política contra Jorge Hank Rhon. No hay ninguna información que nos haga pensar que se lo pidieron, sin embargo, bajo la perenne sospecha de que el procurador se puede prestar a esas maniobras, resolvió con transparencia y regreso al ex alcalde y su expediente a Tijuana, con el ministerio público, juez y prisión que le corresponden de acuerdo a la información que le entregó el ejército, operador del asalto a la residencia del hijo del emblemático priista Carlos Hank González.
Es la primera prueba de persecución política para Marisela, quien a diferencia de los priistas cercanos a Jorge Hank se doblaron ante la posibilidad de salir manchados. Las defensas fueron tímidas y obligadas, en espera de nuevos cargos. Ahora que las condiciones cambiaron y hay lugar para el oportunismo, el lector debe esperar un desgarradero de vestiduras tricolores.
El laberinto de explicaciones que inició Poiré terminó en la conferencia de prensa de la titular de la SIEDO Patricia Bugarín quien aseguró que Jorge Hank fue consignado por un solo delito: violar la Ley de Armas de Fuego. Un caso que bajó los decibeles en pocas horas, y explica hasta cierto punto la revelación del Vocero de Seguridad Nacional Alejandro Poiré: "El presidente Felipe Calderón no sabia nada del operativo contra Jorge Hank Rhon"
Pero en los resultados, consignarlo a un juez por posesión de armas de uso exclusivo del ejército, cuando gravitan mil historias terribles alrededor del ex alcalde de Tijuana, parece un fracaso del gobierno federal, o de plano el presidente no sabia del operativo del Ejército sin orden de cateo.
De ser así, habría que pensar que la acción de un grupo de militares desacreditó la futura detención de uno o dos ex gobernadores priistas, como se ha venido manoseando en columnas políticas.
Con las palabras de Poiré damos por hecho que el presidente oficialmente no sabía, ni el Secretario de la Defensa, porque si alguno de ellos tenía información y no la compartió con el otro, es muy preocupante; y si los dos sabían y no pudieron integrar un caso sólido, es de una incompetencia de miedo.
La versión oficial parece la menos costosa en términos políticos, y podría quedar en una metida de pata: grupo de militares regionales montó un operativo que mereció la máxima secrecía, con asalto sorpresivo hasta la recámara de Jorge Hank, y salieron con la bobería de que tiene armas ilegales, las cuales, seguramente alegara el ex alcalde son para defenderse de la inseguridad que no le puede dar el estado a los mexicanos, como está comprobadísimo.
Me dicen fuentes oficiales del Ejército que la fuerza regional que detuvo a Jorge Hank Rhon actuó conforme al manual, es decir, una presunta flagrancia los llevó de inmediato a la casa de Hank y eso los faculta para entrar sin orden judicial. Así es la regla de Sedena y la deben cumplir en cualquier parte del país.
Evidentemente es una acción militar en el ámbito civil, donde existe la alternativa policiaca de los tres niveles de gobierno: local, estatal y federal.
Quiero entender que el manual que redactaron los mandos militares, transmitidos a las comandancias regionales, parece trazar sus propias reglas, aun cuando la Constitución no les da atribuciones para realizar labores policiacas, aunque se imaginan que si, y logran torcerla en el umbral del vacío legal.
Eso habrá de aclararse, porque la mala apariencia de la acción en Tijuana será un obstáculo para la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, en especial para el Código Militar que busca proteger la incursión de sus elementos en operativos civiles.
Actualmente la ley es confusa, habla de que los militares serán juzgados en tribunales competentes, aun en acciones civiles. Para efectos de conveniniencia, los tribunales militares son competentes, nadie puede negarlo, sin embargo, organismos de derechos humanos nacionales e internacionales reclaman que los militares sean juzgados en tribunales civiles, si el delito es cometido en operativos civiles.
El reclamo tiene fundamento porque se hace burocráticamente imposible darle seguimiento a las penas que purgan los militares juzgados por ellos mismos, y siempre existirá la sospecha de protección de sus pares, desde el proceso hasta el cumplimiento de la sentencia.
Este es solo un elemento de la reforma a la ley, otros versan sobre la estructura de autoridad que debe tener el mando en los operativos, etcétera.
La resistencia en el Congreso a aprobar la reforma se fue diluyendo a medida que el combate al crimen organizado se tornó mas violento y apareció la necesitad de atacar a las bandas criminales con mayor potencia bélica. A las fuerzas armadas y la Policía Federal se les vio como las únicas autoridades capaces de hacer frente a esa escala, sin embargo, en el operativo contra Jorge Hank reaparece el temor de orientar esa fuerza con fines políticos, y precisamente en la institución con mayor músculo coercitivo: el Ejército, por lo tanto, el debate de las reformas de ley regresará al punto de inicio, precisamente en momentos en que la agenda de la República se empata con la agenda electoral en el Estado de México y en la dinámica de los comicios presidenciales del 2012.
En las primeras horas del operativo en Tijuana apareció un comunicado conjunto de Sedena y la Procuraduría General de la República con un texto que explica la flagrancia en las primeras detenciones y justifica el allanamiento a la casa del ex alcalde: "A consecuencia de lo anterior, el personal castrense se desplazó a la citada colonia, localizando el inmueble de referencia, detectando fuera del mismo a personas armadas, quienes se introdujeron al domicilio".
En el inmueble fueron detenidas ocho personas más y se localizaron 40 armas largas, 48 pistolas, 9 mil 298 cartuchos, 70 cargadores y una granada de gas. El agente del Ministerio Público de la Federación inició una averiguación previa por la probable comisión de delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Los detenidos son Jorge Hank Rhon, Marco Antonio Trinidad Gómez, Luis Alfonso Sánchez Solís, Rubén Muñoz Nava, Víctor Manuel de la Torre Horta, Javier Marco Polo Ayala Roldán, Rigoberto González López, César Pérez Guerrero, Carlos Gonzalo Pérez Contreras o Carlos Gonzalo Rizo Pérez, Ramón López Apodaca y Juan Ignacio Parra Santos. La PGR abrió la averiguación previa AP/PGR/BC/TIJ/1580/11 y señaló que "realizará las diligencias que resulten necesarias para estar en aptitud de determinar lo que en derecho proceda".
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Primera prueba de persecución política para Marisela Morales
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Es la primera prueba de persecución política para Marisela, quien a diferencia de los priistas cercanos a Jorge Hank se doblaron ante la posibilidad de salir manchados. Las defensas fueron tímidas y obligadas, en espera de nuevos cargos. Ahora que las condiciones cambiaron y hay lugar para el oportunismo, el lector debe esperar un desgarradero de vestiduras tricolores.
El laberinto de explicaciones que inició Poiré terminó en la conferencia de prensa de la titular de la SIEDO Patricia Bugarín quien aseguró que Jorge Hank fue consignado por un solo delito: violar la Ley de Armas de Fuego. Un caso que bajó los decibeles en pocas horas, y explica hasta cierto punto la revelación del Vocero de Seguridad Nacional Alejandro Poiré: "El presidente Felipe Calderón no sabia nada del operativo contra Jorge Hank Rhon"
Pero en los resultados, consignarlo a un juez por posesión de armas de uso exclusivo del ejército, cuando gravitan mil historias terribles alrededor del ex alcalde de Tijuana, parece un fracaso del gobierno federal, o de plano el presidente no sabia del operativo del Ejército sin orden de cateo.
De ser así, habría que pensar que la acción de un grupo de militares desacreditó la futura detención de uno o dos ex gobernadores priistas, como se ha venido manoseando en columnas políticas.
Con las palabras de Poiré damos por hecho que el presidente oficialmente no sabía, ni el Secretario de la Defensa, porque si alguno de ellos tenía información y no la compartió con el otro, es muy preocupante; y si los dos sabían y no pudieron integrar un caso sólido, es de una incompetencia de miedo.
La versión oficial parece la menos costosa en términos políticos, y podría quedar en una metida de pata: grupo de militares regionales montó un operativo que mereció la máxima secrecía, con asalto sorpresivo hasta la recámara de Jorge Hank, y salieron con la bobería de que tiene armas ilegales, las cuales, seguramente alegara el ex alcalde son para defenderse de la inseguridad que no le puede dar el estado a los mexicanos, como está comprobadísimo.
Me dicen fuentes oficiales del Ejército que la fuerza regional que detuvo a Jorge Hank Rhon actuó conforme al manual, es decir, una presunta flagrancia los llevó de inmediato a la casa de Hank y eso los faculta para entrar sin orden judicial. Así es la regla de Sedena y la deben cumplir en cualquier parte del país.
Evidentemente es una acción militar en el ámbito civil, donde existe la alternativa policiaca de los tres niveles de gobierno: local, estatal y federal.
Quiero entender que el manual que redactaron los mandos militares, transmitidos a las comandancias regionales, parece trazar sus propias reglas, aun cuando la Constitución no les da atribuciones para realizar labores policiacas, aunque se imaginan que si, y logran torcerla en el umbral del vacío legal.
Eso habrá de aclararse, porque la mala apariencia de la acción en Tijuana será un obstáculo para la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, en especial para el Código Militar que busca proteger la incursión de sus elementos en operativos civiles.
Actualmente la ley es confusa, habla de que los militares serán juzgados en tribunales competentes, aun en acciones civiles. Para efectos de conveniniencia, los tribunales militares son competentes, nadie puede negarlo, sin embargo, organismos de derechos humanos nacionales e internacionales reclaman que los militares sean juzgados en tribunales civiles, si el delito es cometido en operativos civiles.
El reclamo tiene fundamento porque se hace burocráticamente imposible darle seguimiento a las penas que purgan los militares juzgados por ellos mismos, y siempre existirá la sospecha de protección de sus pares, desde el proceso hasta el cumplimiento de la sentencia.
Este es solo un elemento de la reforma a la ley, otros versan sobre la estructura de autoridad que debe tener el mando en los operativos, etcétera.
La resistencia en el Congreso a aprobar la reforma se fue diluyendo a medida que el combate al crimen organizado se tornó mas violento y apareció la necesitad de atacar a las bandas criminales con mayor potencia bélica. A las fuerzas armadas y la Policía Federal se les vio como las únicas autoridades capaces de hacer frente a esa escala, sin embargo, en el operativo contra Jorge Hank reaparece el temor de orientar esa fuerza con fines políticos, y precisamente en la institución con mayor músculo coercitivo: el Ejército, por lo tanto, el debate de las reformas de ley regresará al punto de inicio, precisamente en momentos en que la agenda de la República se empata con la agenda electoral en el Estado de México y en la dinámica de los comicios presidenciales del 2012.
En las primeras horas del operativo en Tijuana apareció un comunicado conjunto de Sedena y la Procuraduría General de la República con un texto que explica la flagrancia en las primeras detenciones y justifica el allanamiento a la casa del ex alcalde: "A consecuencia de lo anterior, el personal castrense se desplazó a la citada colonia, localizando el inmueble de referencia, detectando fuera del mismo a personas armadas, quienes se introdujeron al domicilio".
En el inmueble fueron detenidas ocho personas más y se localizaron 40 armas largas, 48 pistolas, 9 mil 298 cartuchos, 70 cargadores y una granada de gas. El agente del Ministerio Público de la Federación inició una averiguación previa por la probable comisión de delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Los detenidos son Jorge Hank Rhon, Marco Antonio Trinidad Gómez, Luis Alfonso Sánchez Solís, Rubén Muñoz Nava, Víctor Manuel de la Torre Horta, Javier Marco Polo Ayala Roldán, Rigoberto González López, César Pérez Guerrero, Carlos Gonzalo Pérez Contreras o Carlos Gonzalo Rizo Pérez, Ramón López Apodaca y Juan Ignacio Parra Santos. La PGR abrió la averiguación previa AP/PGR/BC/TIJ/1580/11 y señaló que "realizará las diligencias que resulten necesarias para estar en aptitud de determinar lo que en derecho proceda".
Pues bien, de 88 armas incautadas, 10 contaban con permiso del Ejército, la institución que entró hasta la recámara de Jorge Hank, un civil con un negro historial pero sin una orden de aprehensión y que no estaba huyendo de ninguna autoridad, tan es así, que la propia Sedena le dio 10 permisos para portar armas, permisos que me imagino pasaron por el escrutinio militar para ser expedidos, y en eso está la probada moralidad del solicitante ¿O no?
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Folio lector:31
martes, 30 de junio de 2009
¿Podría haber golpe militar en México?
Hugo Páez
Es una pregunta incómoda para la clase política. Negada categóricamente por quienes creen necesario quedar bien con el ejército, la institución mejor calificada por la opinión pública, aún sobre la iglesia católica.
Felipe Calderón aclaró su postura al llegar al aeropuerto de Managua: “Al poder se llega por las urnas, no por las fuerzas armadas”, necesaria la frase cuando en México la reelección es un tema recurrente después de la parte media del sexenio, tema que provocó la embestida militar contra el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, y metió al país en una crisis provocadora de las reacciones más enérgicas contra el golpismo militar.
Para los mexicanos, el ejército es el único garante en la lucha contra el narcotráfico, aún cuando el origen de una de las bandas criminales más crueles, Los Zetas, es el ejército. Aún cuando un general, el ex zar antidrogas José Gutiérrez Rebollo cumpla una condena en un penal de máxima seguridad por proteger a un cartel de la droga.
El ejército se constituyó en un pilar silencioso y garante del triunfo electoral en la elección presidencial del 2006. Mensajes de apoyo al ganador del partido que fuera, llegaron desde las fuerzas armadas a la sociedad civil, bajo el entendido de que la autoridad electoral tenía la última palabra.
Desde la toma de posesión, Felipe Calderón valoró a la institución y decidió equiparla, modernizarla y elevar el nivel de ingresos de sus elementos, no había otra opción contra un enemigo violento, con tecnología de punta, como son las bandas criminales del narcotrafico, secuestro y extorsión. Los mexicanos creen en el ejército y el presidente lo ha fortalecido. Son la parte más confiable en la lucha contra el crimen organizado, no la más eficiente; y a diferencia de la clase política, la opinión pública los califica en primer lugar, sin embargo, un elemento imprescindible en las democracias liberales está ausente en la estructura orgánica del poder ejecutivo de nuestro país: la autoridad civil por encima de la militar. En pocas palabras, un civil como secretario de la defensa nacional, elemento fundamental para el equilibrio de la fuerza al interior del estado y una barrera más para evitar tentaciones.
Es una pregunta incómoda para la clase política. Negada categóricamente por quienes creen necesario quedar bien con el ejército, la institución mejor calificada por la opinión pública, aún sobre la iglesia católica.
Felipe Calderón aclaró su postura al llegar al aeropuerto de Managua: “Al poder se llega por las urnas, no por las fuerzas armadas”, necesaria la frase cuando en México la reelección es un tema recurrente después de la parte media del sexenio, tema que provocó la embestida militar contra el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, y metió al país en una crisis provocadora de las reacciones más enérgicas contra el golpismo militar.
Para los mexicanos, el ejército es el único garante en la lucha contra el narcotráfico, aún cuando el origen de una de las bandas criminales más crueles, Los Zetas, es el ejército. Aún cuando un general, el ex zar antidrogas José Gutiérrez Rebollo cumpla una condena en un penal de máxima seguridad por proteger a un cartel de la droga.
El ejército se constituyó en un pilar silencioso y garante del triunfo electoral en la elección presidencial del 2006. Mensajes de apoyo al ganador del partido que fuera, llegaron desde las fuerzas armadas a la sociedad civil, bajo el entendido de que la autoridad electoral tenía la última palabra.
Desde la toma de posesión, Felipe Calderón valoró a la institución y decidió equiparla, modernizarla y elevar el nivel de ingresos de sus elementos, no había otra opción contra un enemigo violento, con tecnología de punta, como son las bandas criminales del narcotrafico, secuestro y extorsión. Los mexicanos creen en el ejército y el presidente lo ha fortalecido. Son la parte más confiable en la lucha contra el crimen organizado, no la más eficiente; y a diferencia de la clase política, la opinión pública los califica en primer lugar, sin embargo, un elemento imprescindible en las democracias liberales está ausente en la estructura orgánica del poder ejecutivo de nuestro país: la autoridad civil por encima de la militar. En pocas palabras, un civil como secretario de la defensa nacional, elemento fundamental para el equilibrio de la fuerza al interior del estado y una barrera más para evitar tentaciones.
jueves, 15 de diciembre de 2016
Endurecimiento militar, Congreso avala control de puertos a la Marina; retroceso histórico
Hugo Páez
En ningún momento la Secretaría de Marina de Vidal Soberón Sanz se quejó de que el gobierno federal ‘los sacó’ a los puertos a combatir al crimen organizado, por el contrario, una vez que el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso en marzo la iniciativa para transferir las capitanías y el control portuario, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Gerardo Ruiz Esparza, a la Semar, los marinos emprendieron una campaña mediática para mostrar las ‘ventajas’ del proyecto de ley, sin mencionar el enorme aumento de poder y, por supuesto, la jugosa inversión de 62 mil millones de pesos anunciada por el Ejecutivo el 2 de junio en Manzanillo Colima.
Ahora México es uno de los 14 países de los 171 Estados miembros de la Organización Marítima Internacional (OMI) donde sus puertos son controlados por la Marina Naval Armada, NO por la Marina Mercante. Un retroceso histórico.
El momentum del general Salvador Cienfuegos Zepeda con el reclamo al Congreso y la Segob de Miguel Osorio Chong por la falta de apoyo para estructurar certeza jurídica en la actuación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado, mejoró la atmósfera legislativa a favor de la Semar, y culminó ayer en San Lázaro con 339 legisladores que votaron a favor, 11 abstenciones y 38 votos en contra, de la bancada de Rocío Nahle de Morena, que ve la claridad del endurecimiento militar de México en esta decisión.
El 17 de noviembre, en este espacio (http://ow.ly/WJLf3078NG2) y en columnas anteriores comenté a detalle que estos días serían decisivos para asestar un cambio trascendente en el Estado Mexicano. El 1 de diciembre, el senador del PRI Ricardo Barroso Agramont, presidente de la Comisión de Marina, con el argumento de incrementar la seguridad y como una especie de reconocimiento a la Semar por la lucha contra el crimen organizado, en contradicción con las cifras publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que marcan un crecimiento récord en los últimos meses, preparó las condiciones en la Cámara Alta con 62 votos a favor y 13 en contra.
El coordinador del PT Manuel Bartlett sentenció: “La militarización de los puertos es una conjura contra la democracia mexicana… esta militarización está controlada por el extranjero. Se lo dijimos a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al secretario de Marina y al secretario de la Defensa Nacional, que ya están al servicio de los intereses norteamericanos… están jugando con fuego y ustedes los están apoyando”, sin embargo ayer concluyó la maniobra militarizante, en la Cámara Baja, ya que las atribuciones civiles están consagradas en la Constitución de 1917, con excepción de los años de la Segunda Guerra Mundial y los críticos de la postguerra, donde el gobierno transfirió a la Marina Naval el control de los puertos que en la actualidad suman 103 capitanías. De esos cien años 30 no fueron controlados por civiles.
Pero si el argumento para dar espacios a las Fuerzas Armadas es la seguridad y el fracaso de la autoridad civil, es apenas natural que el siguiente paso sea la militarización de los aeropuertos, también actualmente bajo el control de la SCT, punto neurálgico en la entrada de todo tipo de contrabando, desde dinero en efectivo, migrantes, estupefacientes y sus precursores. El 28 de abril titulé este espacio Después de militarizar puertos siguen los aeropuertos (http://ow.ly/eI7N3078N14).
En una actitud de esquirol, algunos legisladores bloquearon el debate en el Congreso de las partes interesadas, por ejemplo, la Marina Mercante y el sector turístico, uno de ellos, el senador Javier Lozano Alarcón afirmó que el debate era innecesario y debía avanzar el proceso parlamentario.
El endurecimiento militar, en complicidad con un Congreso bisnero e incompetente, preocupado por maquillar autobonos de fin de año, está creando las condiciones, al avalar la transferencia de puertos a la Marina, para normar un cuadro legal que desplace garantías civiles para facilitar la operación de las Fuerzas Armadas en las calles.
Sería un gravísimo error permitir que la Ley de Seguridad Interior corra la misma suerte que el control de los puertos, que los mismos legisladores bisneros permitan un proceso fast track para garantizar la ‘certeza jurídica’, reclamada por Cienfuegos, bajo el chantaje de regresar a los cuarteles.
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jueves, 26 de noviembre de 2015
Tlatlaya, encontronazo entre gobiernos y Sedena
RHugo Páez
Sorprende que en las columnas de opinión la nota es que el aspirante a Ministro de la SCJN Alejandro Gómez Sánchez se autodescartó, se hizo harakiri pues, al denunciar en el Pleno del Senado que la Sedena alteró la escena de hechos en Tlatlaya, y no la Procuraduría del Estado de México.
Sorprende porque periodistas y analistas la pasamos en críticas a la falta de autonomía entre poderes, de la relación de intereses al nombrar Consejeros, Magistrados, Ministros, etcétera, que obstaculizan llegar a la realidad de los hechos o defender el interés de los ciudadanos.
La denuncia pública contra el Ejército, a partir de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que yo confirmé mediante una consulta, y, en efecto, viene así, debería incidir en la decisión de los senadores, cuando menos para acreditar a un aspirante que no se inhibe frente a instituciones como el Ejército.
El aspirante a Ministro de la Suprema Corte deslindó a la procuraduría mexiquense, y un día antes de las comparecencias de los integrantes de las ternas en la Cámara Alta, el Secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos Zepeda escoltó al presidente Enrique Peña Nieto en el Día de la Armada en Veracruz y fue elogiado, junto con el almirante Vidal Soberón Sánz de ser garantes de la tranquilidad de los ciudadanos, por lo tanto, seguirán al frente de los operativos en las calles.
En uno de esos operativos el 30 de junio del 2014 fueron masacrados 22 presuntos delincuentes en Tlatlaya Estado de México y ningún militar causó baja, ese evidente desequilibrio y el testimonio de dos víctimas mujeres es el kernel de la sospecha de uso indebido del servicio público.
En una entrevista a Televisa el 6 de octubre, el General Secretario sentenció “No permitiré que traten a mis soldados como criminales” en referencia al caso Ayotzinapa.
Pero en ese proceso del sistema de justicia mexicano que depende del ministerio público, en los hechos con un conglomerados de intereses y mandos superiores, el día cinco de este mismo mes el Cuarto Tribunal Unitario del Estado de México ordenó al juez 14 de Distrito del DF la liberación de 4 militares involucrados en el caso Tlatlaya: Alan Fuentes, Julio César Guerrero, Samuel Torres y Ezequiel Rodríguez porque la procuraduría de Arely Gómez González no aportó evidencia del uso indebido del servicio público.
El 20 de octubre el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación Roberto Campa Cifrián reclamó que organizaciones de la sociedad civil y otras peticionarias expongan a México como un País donde las fuerzas federales acribillan y torturan inocentes, donde no se investigan violaciones ni se somete a los responsables a la justicia.
Campa Cifrián sentenció: "El Estado reconoce enormes retos, pero la evidencia indica que no es la realidad. México es un Estado de Derecho donde las fuerzas federales operan con protocolos y la población confía de manera mayoritaria en ellas".
Frente a señalamientos por ejecuciones extrajudiciales el subsecretario de Segob afirmó que las fuerzas de seguridad se rigen bajo protocolos de actuación, y en caso de irregularidades éstas siempre son investigadas.
La masacre de Tlatlaya es uno de los puntos referenciales en las crisis que ha pasado el gobierno de Enrique Peña Nieto. Lo comenté desde el inicio de los hechos, en el que, por el desequilibrio del resultado: veintidos presuntos delincuentes muertos de un lado y cero de la parte militar, parecía a todas luces una ejecución extrajudicial y la autoridad civil era la indicada para aclarar los hechos, pero en el absurdo de tapar el sol con un dedo y evitar aplicar la ley a un pequeño grupo de militares responsables, le hicieron daño a toda una institución imprescindible en el combate al crimen organizado.
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