_
_
_
_
_
EL FRAUDE DE LAS AYUDAS AL EMPLEO

El nuevo presidente de la patronal gallega llevará al juzgado a sus antecesores

Ayudas para parados se dedicaron a gastos privados

Xosé Hermida

La proclamada voluntad de hacer limpieza del recién elegido presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Antonio Fontenla, puede permitir a los tribunales investigar el desvío de fondos públicos destinados a cursillos de formación para financiar congresos y publicidad de la patronal gallega. Además de la investigación abierta por los interventores de la Xunta de Galicia y de la exigencia de la Unión Europea para que se aclare el asunto, Fontenla ha anunciado que denunciará en los tribunales a los anteriores gestores de la CEG.

Fontenla basará su denuncia en la desaparición de gran parte de los archivos contables de la patronal, de la que responsabiliza a su anterior secretario general, Rafael Sánchez Sostre. Tanto éste como el ex presidente, Antonio Ramilo, abandonaron sus cargos hace unos meses al descubrirse un 'desfase' de 1.000 millones de pesetas en las cuentas de la organización. A raíz de ese hallazgo, aparecieron documentos de los que se deduce que la CEG usó dinero de los cursillos de formación de parados y trabajadores en activo -financiados por la Unión Europea y el Inem- para sufragar actividades particulares de la organización.

Más información
España devolvió a Bruselas 4.600 millones en 1998 por irregularidades
El Tribunal de Cuentas investiga el uso de fondos públicos para formar parados
25 cursos a presos que nunca existieron
Los tres frentes de un proceso abierto en 1995
Un escándalo político que la justicia investiga con lentitud

Las irregularidades contables aparecen estrechamente ligadas a la gestión de los fondos de empleo, que eran la principal fuente de ingresos de la patronal gallega en los últimos años. Sólo la Xunta de Galicia le entregó por ese concepto, desde 1995, más de 3.200 millones de pesetas, procedentes de planes europeos. Además, el Forcem, fundación gestionada por sindicatos y patronal y financiada por el Inem, transfería a la CEG un mínimo de 80 millones por año.

Para realizar los cursillos la patronal contrataba a sus proveedores de confianza. A nombre de algunas de estas empresas se emitieron facturas duplicadas, con el mismo número e importe pero bajo conceptos distintos. Así, en una de las facturas se hacía constar un gasto propio de la patronal -campañas de publicidad en la prensa, por ejemplo- y en la otra se atribuían esos pagos a actividades relacionadas con los cursillos, lo que permitía a la CEG justificar ante la Administración el uso de los fondos para formación laboral y empresarial. En los archivos de la patronal, según documentos en poder de este periódico, también estaban registradas facturas falsas, por trabajos con cargo a proyectos europeos que nunca llegaron a hacerse.

La Xunta ya abrió una investigación interna el pasado noviembre, y la pasada semana, tras la divulgación de nuevas pruebas, admitió por primera vez la existencia de 'posibles irregularidades'. Pero la proximidad política del anterior presidente de la patronal, Antonio Ramilo, al Gobierno de Manuel Fraga ha desatado las sospechas de los partidos de la oposición, que acusan al ejecutivo autonómico de 'encubridor' o 'cómplice'.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Al margen de los calificativos, hay algunos detalles que revelan cierta relajación de los controles públicos. La empresa que impartía los cursillos en Santiago, Estudio Global de Gestión S. L. -a nombre de la cual se registraron en los archivos de la CEG facturas duplicadas- no tenía licencia de apertura de los locales utilizados como aulas, un requisito administrativo imprescindible.

Fuentes de la Consejería de Familia y Promoción de Empleo de la Xunta explicaron que a la empresa se le otorgó una 'autorización provisional' para impartir los cursillos ya que en la zona donde están los locales existía un contencioso entre los comerciantes y el Ayuntamiento que bloqueaba la concesión de licencias. Sin embargo, fuentes municipales informaron de que la empresa podía haber dispuesto de licencia si hubiese contestado a un requerimiento para que presentase la documentación necesaria. Por el alquiler de esos locales la CEG pagaba un millón de pesetas mensuales, tres veces más que los precios habituales del mercado en esa zona. Además, abonaba aparte el uso de los muebles y el material de oficina. Al mismo tiempo, la patronal disponía en su propia sede de tres aulas homologadas para impartir cursillos que no se utilizaban.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Sobre la firma

Xosé Hermida
Es corresponsal parlamentario de EL PAÍS. Anteriormente ejerció como redactor jefe de España y delegado en Brasil y Galicia. Ha pasado también por las secciones de Deportes, Reportajes y El País Semanal. Sus primeros trabajos fueron en el diario El Correo Gallego y en la emisora Radio Galega.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_