Los mensajes, llamadas y correos intervenidos revelan la estrecha relación que mantenía Gerardo Crespo, el presunto cabecilla de la trama de fraude de subvenciones, con políticos y altos cargos del PP en el Ayuntamiento, la Diputación, la Xunta y el Gobierno central. Los investigadores consideran acreditado que el empresario implicado en una supuesta trama para defraudar ayudas públicas, mantenía "relaciones permanentes" con "políticos y funcionarios, especialmente relacionados con las subvenciones y/o adjudicaciones de las que su grupo podía ser y era destinatario".

Los agentes de la unidad especializada en delitos relacionados con el fraude fiscal sostienen en uno de sus informes que Crespo remitía "opiniones al Partido Popular" a través del entonces senador José Romay Beccaría, actual presidente del Consejo de Estado. El imputado, según la policía, informaba a Beccaría, histórico del PP coruñés y mentor de Negreira y Feijóo, sobre los concursos a los que se iba a presentar una de sus empresas, Gecreri. En el sumario se incluyen los correos electrónicos que se intercambiaba Crespo con el exministro. "Querido Gerardo, recibí el correo y he trasladado el asunto a Diego Calvo [presidente de la Diputación de A Coruña]. Un abrazo", escribe el presidente del Consejo de Estado, quien le envía otro mensaje para informarle de que el concurso en el que Crespo está interesado está "en fase de cierre", pero añade: "Si tienes alguna sugerencia, mandámela".

La compañía Gecreri, dirigida por el imputado, fue finalmente la adjudicataria, por 190.000 euros, del concurso para desarrollar el programa de talleres de empleo. Desde la entidad presidida por Calvo defienden que la subvención se ajustó a la legalidad. "Romay nunca habló aquí de ese tema", indicó ayer una representante del ente público, al tiempo que subrayó que la oferta presentada por el empresario fue la más barata, ya que rebajó "en un 40%" el precio inicial de licitación. La portavoz de la entidad supramunicipal también destacó que el programa fue "auditado" por la Intervención General del Estado.

El concurso de la Diputación no es el único en el punto de mira de la investigación. La Policía Judicial también ve "amaño" de dos adjudicaciones de la Xunta por 58.056 y 64.800 euros. La encargada administrativa de preparar los pliegos de condiciones que deberían cumplir las empresas que se presentasen a los concursos de la Escuela Gallega de Consumo le pide en un correo a empleadas de Azetanet, la consultoría de Crespo, que revisen las condiciones del concurso para que después ella pueda "enfocar" el pliego. Esta responsable, según la Policía Judicial, se reunió con una trabajadora de la empresa para acordar "las mejoras que debería presentar la compañía para ser adjudicataria". Uno de los mensajes, según destacan los investigadores, descubre que la directora técnica de la Escuela de Consumo "pactó" supuestamente la adjudicación con Crespo. "Hay que llamar a Esther para decirle si nos presentamos y también para saber si presentamos nosotros a las tres empresas (lo va a consultar)", informa en un correo una empleada de Crespo.