Los delincuentes también ven la televisión
Sobrellevar una investigación policial y una estrategia informativa a la vez: una de las peores pesadillas del policía
Hay delitos menores, delitos mayores y delitos que generan alarma social, circunstancia esta última que multiplica hasta límites insospechados el trabajo policial. Es el ejemplo de los casos de “interés general”, cuando la pausa necesaria para una rigurosa investigación policial se contradice con las necesidades informativas de los medios y la presión de las autoridades para satisfacer esa demanda (y a veces sus intereses políticos). El policía se encuentra ante la obligación de informar al juez, ante el acoso periodístico que se ampara en una demanda ciudadana y ante la exigencia del cargo de dar respuestas en tiempo real. ¿Hay una política informativa diseñada para casos así? ¿Un protocolo de actuación? La respuesta es muy sencilla. No.
Sobrellevar una investigación policial y, al mismo tiempo, una estrategia informativa es una de las peores pesadillas del policía. El juez exige secreto; el periodista, información, y el político, progresos. Fuera de los despachos, en la calle, camina un delincuente, sigue actuando o simplemente está atento a la prensa para saber si le quedan huellas por borrar. Leen la prensa y ven la televisión.
“A mí, algunas investigaciones me las ha echado por tierra el delegado del Gobierno de turno que ha terminado ofreciendo detalles útiles para los delincuentes”. Esta severa acusación la profiere un experimentado policía con años a sus espaldas en la lucha antiterrorista y el narcotráfico. “Lo peor para cualquier policía es la presión de los mandos políticos. ¿Quién le niega a los jefes un dato?”. La respuesta es sencilla. Nadie.
El caso del pederasta de Ciudad Lineal en Madrid representa uno de estos ejemplos. Como antes lo fue el de la niña Asunta, en Galicia. Por cierto, el juez que lo instruye acaba de publicar una novela sobre una situación muy parecida. ¿Casualidad? Es su segundo libro: dos casos mediáticos, dos libros. Otra eventualidad que afecta a la investigación: cuando al juez le gustan las cámaras.
Lo peor es la presión de los mandos políticos. ¿Quién le niega a los jefes un dato?”
En el caso del pederasta de Ciudad Lineal, la policía se encuentra ante un delincuente atrevido y peligroso. Actúa al aire libre, bajo el anonimato de una gran ciudad. Sus víctimas son menores. El eslabón más débil de la cadena. Es el caso paradigmático que origina gran alarma, máxime si las autoridades lo declaran “enemigo público número uno”, condición innecesaria a efectos policiales. ¿Mejora esa declaración la investigación policial? La respuesta es igualmente sencilla. No.
Se divulgaron pormenores sobre búsqueda de imágenes en cámaras de seguridad de bancos y establecimientos, supuestos detalles de un retrato robot, especulaciones sobre el uso de diferentes vehículos. “A veces, los periodistas no se dan cuenta de que ciertas informaciones ofrecen datos útiles para los delincuentes. Les estamos enseñando a no cometer errores”, apunta un comisario. En una investigación compleja, donde el secreto tiene vías de agua, algunos se atreven a dar pistas falsas para que el delincuente cometa errores, piense que la policía va por un camino equivocado o reciba cierta información. En el caso del pederasta de Ciudad Lineal, la policía hizo especial hincapié en que las dosis de Orfidal que recibían algunas de las víctimas, a las que adormecía, podían ser letales: la intención de esta información era que el criminal lo tuviera en cuenta: “Teníamos miedo de que matara a su próxima víctima”, reconoce uno de los mandos del caso.
“No hay protocolos”, sostiene un antiguo jefe de prensa policial. “No tenemos una hoja de ruta. En estas situaciones, los políticos nos llevan ventaja: saben manejar mejor la relación con la prensa, las entrevistas off the record, las reuniones confidenciales con periodistas”. De todo eso hubo en el caso de Ciudad Lineal, que llegó a su colofón con una conferencia de prensa en directo, dirigida por el ministro del Interior, acompañado de altos cargos nacionales y locales. El enemigo público número uno había sido detenido.
La alarma social ha desaparecido. Las cámaras se van retirando. Ese enemigo público es ahora un presunto culpable. Para la policía y el juez prosigue la fase de instrucción. Para las autoridades políticas es un caso cerrado.
