Villares, el juez defensor del gallego que quiere liderar las mareas para derrotar a Feijóo

El ya magistrado en excedencia Luís Villares presentó este viernes su candidatura a las primarias de En Marea, la formación de unidad popular integrada por Anova, Esquerda Unida y mareas municipalistas que concurrirá a las elecciones gallegas fijadas para el próximo 25 de septiembre.

El anuncio ratificó las especulaciones que desde abril barajaban su nombre como una de las opciones más consolidadas para las mareas gallegas. Voces de la coordinadora provisional de En Marea lo califican como un "candidato de consenso", según han señalado figuras como los alcaldes de A Coruña, Santiago de Compostela y Ferrol –Xulio Ferreiro, Martiño Noriega y Jorge Fernández–, a falta de saber si contará con otros rivales en el proceso.

Sobre el papel, En Marea dio el viernes el pistoletazo de salida para que se postule como candidato todo aquel que reúna los requisitos de manifestar por escrito un "compromiso de cumplimiento del Código Ético", contar con los 100 avales necesarios, y haber firmado el manifiesto del espacio de confluencia como "compromiso de cumplimiento de sus objetivos políticos". Este documento fue elaborado a principios de julio con el objetivo de aunar fuerzas de cara a los comicios, e impulsó la celebración de la asamblea en la que En Marea se convirtió en partido instrumental. El martes 9 de agosto se cerrará el plazo para presentar candidaturas.

En cuanto al sistema de votación, podrá realizarse de forma telemática o presencial en urnas. De acuerdo con el calendario, el sábado 13 comenzará el inicio de campaña de primarias, que se prolongará hasta el lunes 15 de agosto. Finalmente, el martes 16 y el miércoles 17 se llevarán a cabo las votaciones.

Oficialmente, el plazo marcado para la presentación de las candidaturas definitivas es el 22 de agosto. Tras un margen para la subsanación de errores, el día 29 serán proclamados los candidatos de cada partido a la Xunta de Galicia.

Los plazos complican, más si cabe, la relación entre las dos fuerzas del cambio en Galicia: En Marea y Podemos. Aunque el 75% de las bases del partido morado decidieron el pasado miércoles ir "en alianza política con otras fuerzas", la fórmula en que ambas formaciones pueden concurrir es a día de hoy un enigma. Mientras que En Marea no contempla otra opción que no sea el partido instrumental –tal y como se acordó en la asamblea del 30 de julio–, la postura oficial de Podemos Galicia, liderada por su secretaria general, Carmen Santos, se mantiene enrocada en la coalición como única vía posible.

En tanto que se producen las negociaciones, el calendario de primarias también ha sido fijado de forma independiente por Podemos, por lo que todo apunta a que la hoja de ruta de cada uno de los partidos se llevará a cabo por separado. Desde el 4 de agosto la formación morada abre las puertas a la presentación de candidatos, mientras que la campaña de primarias se iniciará el jueves 11 y el periodo de votación el domingo 14. Finalmente, la proclamación de los resultados se hará efectiva el miércoles 17 de agosto.

Esta autonomía en cuanto a los calendarios añade el interrogante de si ambas formaciones podrán pactar para celebrar primarias unitarias –algo que parece ya descartado– e ir juntas a los comicios. 

Villares y su defensa del gallego desde la judicatura

La principal apuesta de En Marea, Luís Villares, en consonancia con perfiles similares que han entrado en política como figuras independientes, hace escaso alarde de su pasado político. "Únicamente milité en los CAF –sindicato estudiantil Comités Abertos de Faculdade– durante mi etapa universitaria, hasta el 2001", comenta en conversación con infoLibre.

Tras licenciarse en Derecho por la Universidade de Santiago de Compostela (USC), doctorarse y opositar, inició su carrera judicial en la localidad de A Fonsagrada (Lugo), como titular del juzgado de instrucción. El siguiente paso, en el año 2010, le llevó al Juzgado de lo Contencioso número 9 de la Audiencia Nacional, donde permaneció cuatro meses hasta aceptar una plaza en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Además, el exmagistrado ejerció como portavoz de Jueces para la Democracia en Galicia entre el 2008 y el 2010, y después entre el 2012 y el presente año.

El candidato no demoró demasiado su regreso a Lugo, donde en 2012 pasó a hacerse cargo del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de la ciudad. El último movimiento, ya en 2015, encaminó a Villares al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, donde destacó por sus sentencias dictadas íntegramente en gallego. Precisamente la defensa de su idioma materno es uno de los signos de identidad más característicos del magistrado. Se trata de una lucha que ha abanderado desde la judicatura, a través de su participación en organismos como la Irmandade Xurídica Galega, agrupación que lleva a cabo "diversas acciones encaminadas a llevar el espíritu normalizador a los colegios de abogados, procuradores, notarios y registradores, y cuantas asociaciones y sindicatos tengan el campo del Derecho como escenario de sus actividades profesionales", según se definen en su web oficial. Es, asimismo, una de las firmas del libro Estatuto xurídico da lingua galega (Xerais, 2005), y autor de estudios relacionados con el análisis del contexto sociolingüístico en Galicia.

Su constante dedicación en pro del gallego responde, según relata el candidato, a un ejercicio de "coherencia y consecuencia". En este sentido, explica que "trabajar ordinariamente en gallego es cuestión de vocación y de martirio". El exmagistrado denuncia que "no existe material de apoyo en gallego" en los juzgados, algo que, entiende, resulta "una injusticia que se produce en la Administración pública, que no garantiza la cooficialidad" del idioma.

Villares –que se reconoce constitucionalista "respecto a los derechos fundamentales", aunque defiende una "reforma necesaria" de la Constitución en cuestiones como el modelo territorial, la Corona o el Senado– satisfacía hasta ahora sus inquietudes políticas gracias a su "vocación de servicio público y de ayuda social", que canalizaba por medio del ejercicio profesional. Sin embargo, el lucense admite haber advertido a lo largo de los últimos años "una situación de crisis y restricción de derechos por parte del Gobierno", lo que derivó en "una sensación de impotencia" perceptible también en el ámbito de la justicia. "Ves cómo te están tapando la boca", lamenta.

Confiesa que llegó a las mareas por "decantación de compromisos". Las circunstancias, unidas a "la insatisfacción, la inquietud personal, y el movimiento que se estaba gestando en Galicia dando lugar a la creación de un nuevo espacio", llevó a Villares a contemplar la opción de comprometerse en el proyecto de unidad popular, "y decides aportar, interpelado por ese espacio". Respecto a En Marea, el candidato entiende que la integración de las mareas y la participación individual, hacen de la formación "un proyecto político propio", diferente a los que existen en otras partes del Estado. Se refiere así a la propuesta de Carmen Santos de imitar el modelo de En Comú Podem, en Cataluña, donde "la coalición sí puede funcionar, pero en Galicia no tiene por qué hacerlo". 

Para Villares, la constitución de En Marea como partido instrumental supuso un paso adelante en el que "todo el mundo fue generoso y todo el mundo renunció a cosas y aportó en la creación de mecanismos para la convivencia de las organizaciones que se incluyen". Por estos motivos, zanja, "la conclusión natural de Podemos tiene que ser integrarse en el partido".

Magistrados que dieron el salto a la política

Villares no es el primer ejemplo de candidatos que dejaron a un lado su carrera judicial para aspirar a algún puesto de responsabilidad política. El caso más próximo al lucense es el del hoy alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro. El también profesor de Derecho Procesal en la Universidad de Coruña ejerció como juez suplente en la Audiencia de Lugo, al tiempo que se dedicaba a la docencia. Ferreiro abandonó ambas labores para implicarse de lleno en el proyecto Marea Atlántica, que lo llevaría a la presidencia de la ciudad herculina en mayo del 2015.

En Galicia, el precedente más antiguo es el del magistrado de la Audiencia Nacional Ventura Pérez Mariño, que pidió la excedencia para presentarse como candidato independiente al Congreso en 1993, del lado de los socialistas gallegos por la provincia de Lugo. Dos años después dejó el cargo, tras desatar la polémica entre las filas de su partido por haber votado en contra del Gobierno de Felipe González en cuatro ocasiones. Pérez Mariño volvió al juego político en 2003, con motivo de las elecciones municipales. El exjuez llegó entonces a la alcaldía de Vigo gracias a un acuerdo con el Bloque Nacionalista Galego, pero meses después abandonó el cargo como consecuencia de una moción de confianza por parte de los nacionalistas, que el PP aprovechó para hacerse con el bastón de mando.

El caso que más ha revolucionado el panorama político de los últimos años es el de Manuela Carmena, actual regidora del Ayuntamiento de Madrid. La cofundadora del despacho laboralista que se convirtió en símbolo de la Transición tras la matanza de Atocha de 1977, comenzó a ejercer como jueza en la década de los ochenta. Su extensa carrera deja tras de sí experiencias como el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Madrid, del que fue titular, o el Consejo General del Poder Judicial, donde se convirtió en vocal a propuesta de Izquierda Unida. La madrileña fue, además, una de las fundadoras de Jueces para la Democracia. 

En 2015 se presentó, como su homólogo coruñés, a las elecciones municipales de mayo por Ahora Madrid, que le permitió arrebatar el Consistorio a los conservadores de Ana Botella.

La socialista Margarita Robles 

fue una de las nuevas incorporaciones del PSOE para concurrir a las elecciones generales del 26 de junio. Robles, que también es miembro de Jueces para la Democracia, pidió en mayo una excedencia de su puesto de magistrada en el Tribunal Supremo para dar el salto a la política como número dos por Madrid. Finalmente, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó que su petición supondría la pérdida de condición de magistrada del Supremo.

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El partido de Pablo Iglesias también hizo su propio fichaje dentro del ámbito de la justicia. En este caso, la jueza canaria Victoria Rosell fue cabeza de lista por la circunscripción de Las Palmas en los comicios del 20 de diciembre de 2015. La que fuera portavoz de Jueces para la Democracia solicitó la excedencia dos meses antes de las elecciones, lo que le permitió abandonar el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas para iniciar su carrera política. Sin embargo, y tras ser investigada por el Tribunal Superior por un presunto caso de prevaricación, la canaria renunció a repetir con Podemos en las elecciones del 26J, solicitando regresar a la judicatura.

El nombre probablemente más reconocido entre los jueces que decidieron dar el salto a la política es el de Baltasar Garzón. Como magistrado de la Audiencia Nacional, centró el grueso de su actividad en casos de terrorismo, narcotráfico y corrupción, hasta que en 1993 se presentó como candidato independiente en las listas del PSOE. Garzón fue entonces nombrado delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas, con rango de secretario de Estado, cargo que abandonó un año después tras serias discrepancias con el Gobierno de Felipe González.

En el año 2012, el Tribunal Supremo lo condenó a once años de inhabilitación por un delito de prevaricación cometido durante la instrucción del caso Gürtel. Desde entonces, Garzón ha desarrollado su trabajo como asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya, entre otras funciones, y también como parte del equipo de defensa de Julian Assange, creador de Wikileaks.