La directora de Cofavic, Liliana Ortega; y el exjuez penal de Caracas, Jesús Ollarves, instaron al Ejecutivo a aplicar una verdadera política contra el crimen que se ajuste a lo establecido en la Constitución.
Caracas. La decisión presidencial de reformar a la Operación Liberación del Pueblo (OLP) ha caído como un balde de agua fría entre los activistas de Derechos Humanos y los expertos en materia criminal, los cuales aspiraban a que el plan fuera eliminado luego de las masacres de Cariaco (Sucre) y Barlovento (Miranda), en las cuales uniformados asesinaron a 22 personas.
“No es posible reformar un procedimiento que nació al margen del mandato constitucional que establece que las labores de seguridad ciudadana son competencia exclusiva de organismos civiles”, afirmó la directora del Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), Liliana Ortega, quien agregó: “El Gobierno debe dejar de aplicar operativos y poner en marcha una verdadera política de seguridad ciudadana respetuosa de los Derechos Humanos”.
En similares términos se pronunció el exmagistrado de la Corte de Apelaciones de Caracas, Jesús Ollarves, quien afirmó:
“Desde un principio advertimos que las OLP iban a traer más violencia y las noticias de los últimos meses así lo confirman. La seguridad ciudadana no es un tema de los militares, quienes están formados para la defensa del territorio y de la soberanía, aunque en los últimos 19 años eso se ha torcido y hasta a vender pollo los han puesto”.
El domingo, al presentar su informe anual ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el presidente Nicolás Maduro anunció que la OLP sería modificada tras “algunos percances”.
“Las OLP deben adquirir un nuevo carácter profundo de liberación humanista del pueblo. No es cualquier nombre, es la operación de liberación humanista del pueblo, es poner el énfasis en que son operaciones humanistas para liberar al pueblo no para reprimirlo”, afirmó, aunque no se refirió a ningún caso en particular.
[irp posts=”43310″ name=”Lo que no dijo Nicolás Maduro en su memoria y cuenta”]Insistiendo por el camino incorrecto
Aunque desde su nacimiento, en julio de 2015, estos operativos han sido foco de abusos y violaciones a los DDHH —tal y como lo admitió el Ministerio Público (MP) al iniciar investigaciones por lo ocurrido en el barrio la Cota 905, la primera zona donde se aplicó—, el mandatario les dio una nueva oportunidad.
“Las OLP han sido concebidas en su nacimiento para ser operaciones de inteligencia, de captura y de aplicación de la justicia constitucional, de la justicia justa, contra los criminales más peligrosos”, afirmó.
Sin embargo, Ollarves auguró que la misma continuará provocando más violencia, pues “no es con represión pura y dura como se combate el crimen. También son necesarias políticas de inteligencia y sobre todo de prevención de delitos, las cuales no existen”.
Ortega también expresó su preocupación porque la continuidad de los militares en las calles patrullando y deteniendo personas se traduzca en más violaciones a los Derechos Humanos.
“Una política de seguridad ciudadana debe ser respetuosa de los Derechos Humanos para ser exitosa. El asunto no es Derechos Humanos o seguridad, sino combinar ambas; y para ello es necesario integrar a todos los actores del sistema de justicia (policías, fiscales, jueces y abogados) y realizar las reformas y depuraciones en cada uno de ellos para que cumplan su misión”.
Los “percances”
El Presidente Maduro habló de que la OLP había tenido algunos “percances” en su año y medio de funcionamiento. ¿Cuáles son esos? La detención sin orden judicial y posterior desaparición y asesinato de 12 campesinos en el sector El Café de Barlovento sería el más reciente.
Hasta octubre, el MP investigaba las circunstancias en las que 476 personas perdieron la vida durante procedimientos de la OLP y tenía en la mira a 926 policías y militares, tal y como informó Crónica.Uno el pasado 26 de diciembre.
Por último, la Directora de Cofavic instó a las autoridades a investigar a fondo estos casos, porque “la impunidad es el factor que más incita la comisión de los crímenes, pero si las policías saben que los van a investigar y castigar no se van a atrever a violar las normas de Derechos Humanos”.
Foto referencial
Participa en la conversación