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La jueza dice que ordenó la censura porque constató la socialización de imágenes editadas que prueban fehacientemente la perpetración de la violación del derecho a la intimidad, que para ella está por encima del derecho a la información. No todo lo que interesa al gran público o aquello por lo que siente curiosidad puede ser catalogado de interés público, sostiene la magistrada para justificar la censura, y se olvida de que los videos tienen contenido político, inclusive implicancias políticas y partidarias, es decir, que son de interés público.
Cuando ABC Color recurrió la orden de clausura dispuesta por el Ministerio del Interior, el fiscal Clotildo Jiménez dictaminó que de “ninguna manera (la clausura) es una pena ni un castigo. En todos los casos es una medida de carácter provisional y en el que nos ocupa tiene por objeto la preservación del orden público y la prevención de los delitos, que son funciones privativas del Poder Ejecutivo”.
Ambos actores, jueza y fiscal, están distanciados hoy en el tiempo, pero operando sobre el mismo escenario, la libertad de prensa, para demostrar que el pensamiento autoritario es el componente rígido del caldo político a través del tiempo. Ambos casos tienen la capacidad de demostrar con meridiana claridad que los magistrados y fiscales siguen actuando de acuerdo al interés político dominante, a pesar de los pequeños avances en ese campo.
El fiscal concluía su dictamen afirmando que el Ministro del Interior “ha obrado estrictamente en materia de su competencia (clausura de un diario) que le fuera asignada por ley. No existe, pues, cuestión constitucional en juego”.
En su momento, la Corte Suprema de Justicia sentenció sobre el caso comenzando con el absurdo de que Editorial Azeta SA carecía de legitimación activa por el hecho de que no era propietaria de ABC Color sino de ABC, para concluir que el Ministerio del Interior estaba facultado a clausurar el diario, “obligado” por la Constitución y por el poder de policía que le otorga su carta orgánica “en defensa de los valores esenciales que posibilitan la convivencia pacífica y hace viable la vida democrática de los pueblos”. ¡Qué lindas palabras para justificar una arbitrariedad que duró cinco años!
Inútilmente ABC Color trató de hacer entender que, según la Constitución de entonces, ni el Congreso ni el presidente de la República ni los ministros ni otros funcionarios podían arrogarse atribuciones judiciales que no estén expresamente establecidas en la Constitución.
Igual que antes, ahora la jueza entiende que el derecho a la intimidad de los funcionarios públicos está por encima del derecho a la información y del interés público, sin necesidad de fundar su razonamiento y menos aún hacer el esfuerzo de entender la importancia de la información y la opinión pública para la construcción de la democracia.
Para los incrédulos de un retroceso posible, estos son indicios que construyen probabilidades futuras. Los retrocesos no se miden solo por la vuelta de militares o los atropellos a los derechos humanos.
Como lo sostiene Norberto Bobbio, “el despotismo es antiguo como la libertad y la libertad es moderna como el despotismo”. “En otras palabras –agrega– la libertad es antigua, pero sus problemas son siempre nuevos, renovándose continuamente como respuesta a las siempre nuevas formas de opresión que aparecen en el horizonte de la historia”. (Igualdad y libertad)
ebritez@abc.com.py