La política implica renunciamientos. El servicio reclama transparencia. La democracia es un sistema político de controles y de contrapesos. Estas son frases asumidas y vividas en cualquier país occidental que al menos haya leído su Constitución y las leyes de la república. Esta semana la jueza González, asustada y luego de corregir dos veces el escrito enviado a algunos medios de comunicación, decidió hacer lugar al amparo del senador Galaverna. Pero más que la cantada admisión, lo que preocupa en verdad es el desconocimiento de nuestros magistrados de la ley fundamental del país al punto de que el Consejo de la Magistratura debería pedir un examen riguroso a todos los jueces, fiscales y candidatos en torno a estos temas. La multiplicación de carreras de Derecho, la ausencia de buenos profesores y el escaso interés en conocer lo que la Constitución dice, nos ha llevado a situaciones donde lo obvio necesita ser explicado.
La doctrina en Occidente, aplicada en prácticamente todos los países democráticos, es que el carácter publico de una persona electa para un cargo o nombrado para una determinada función, implica la aceptación de que muchos de sus actos privados pasan a ser escrutables y determinantes de sus actos públicos. Se juzga al servidor no solo por lo que dice y hace, sino por cómo vive; todo eso porque la separación de lo público y lo privado tiene excepciones en favor al derecho de conocer para juzgar sus actos. Hay varios casos en la legislación latinoamericana y muchos fallos de la Corte Suprema de los EEUU, que han sido tomados como paradigmáticos en ese campo. Nuestro rezago doctrinario y el escaso conocimiento de los fallos ha llevado a que la muy bien construida decisión del Supremo americano sobre la real malicia en el caso paraguayo tuvo una interpretación absolutamente contraria y risible que favoreció a unos magistrados locales. La doctrina esa protegía a los periodistas... en la interpretación nuestra terminó perjudicándolos. Hay mucha literatura sobre el tema, el problema es que se lee poco y se entiende menos.
La democracia requiere de transparencia y a los tumbos vamos abriendo caminos con las dificultades que colocan aquellos que vivieron en la opacidad, el secretismo o la oscuridad. No les gusta a nuestros políticos y administradores que sepamos lo que hacen en nuestro nombre y con nuestros impuestos. La petición de Vargas Telles sobre nómina y salarios del Municipio de San Lorenzo, que desató todo este tsunami informativo, tuvo respuestas casi similares a la dada por la jueza González. También ahí le dijeron al peticionante que el salario era una cuestión protegida por la intimidad de la que un funcionario gozaba. Tuvieron que tardar más de siete años para que la interpretación fuera la correcta y hoy vivimos una apertura a los salarios que desata asombro, perplejidad, envidia y lucha, incluso entre los propios funcionarios del Estado que desconocían lo que ganaban sus pares.
Ojalá estos casos nos permitan entender mejor la tarea del funcionario del Estado, del electo por el voto popular y sobre el funcionamiento de un Estado democrático.
Vivimos un cambio de era, no una era de cambios nomás. La tecnología desató un movimiento de información que más temprano que tarde obligará a cambiar el sistema y, estos fallos solo serán recordados como los inútiles intentos de contener una riada que llevará todo a su paso.
Si no, que lo diga el peticionante del amparo que llegó tarde cuando lo íntimo era de absoluto conocimiento público y la victoria jurídica resultó un remedo pírrico de orgullo decadente.
