¿Sabe que el 19 de febrero próximo habrá una consulta popular? Recorrimos cuatro localidades de Guayaquil haciendo al azar esa pregunta y la respuesta mayoritaria fue No. En la Terminal Terrestre de Guayaquil, de las 20 personas que consultamos solo dos contestaron afirmativamente y conocían de lo que trata la papeleta adicional que recibirán el día que también se elige al nuevo presidente de Ecuador.

En el Mall del Sol la situación varió y fue al revés: solo dos no sabían del tema; mientras que en el centro, en la Plaza de la Administración, donde están la Municipalidad de Guayaquil y la Gobernación del Guayas, las respuestas se dividieron.

No se trató de una encuesta, sino de una muestra que evidencia el conocimiento o desconocimiento en Guayaquil de lo que son paraísos fiscales, tema que va a consulta popular a pedido del presidente Rafael Correa. Han pasado doce días de los 45 en que se puede hacer campaña por el Sí o por el No y en los medios de comunicación no se ha visto pauta promocional alguna, más allá de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) registró a 21 grupos para impulsar las opciones (ver gráfico pág. 9).

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La consulta plantea: ¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales? El mismo referéndum señala un plazo de un año, desde que se proclamen los resultados, para que la Asamblea Nacional reforme las leyes relacionadas y para que los servidores públicos acaten la disposición que se dé en las urnas.

Paraísos fiscales son regímenes tributarios con imposición fiscal menor al 60% de la vigente en el Ecuador por el mismo concepto, señala el Servicio de Rentas Internas (SRI) en su página web. También refiere una resolución del 28 de enero de 2015 que reconoce como paraísos fiscales a 87 territorios.

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Sin embargo, en las calles poco se sabe. Y los calificados para hacer campaña por la consulta popular están aún trazando estrategias, según sus voceros. Fernando Machado, director ejecutivo de Silueta X, uno de los ocho grupos sociales que promueven el Sí, dice que no han iniciado la promoción porque están definiendo una estrategia conjunta. La primera decisión es hacerlo unidos.

“Nuestra finalidad es que los ecuatorianos conozcan el Pacto Ético que se propone para que todos los funcionarios públicos y aquellos elegidos por elección popular no tengan dinero en los paraísos fiscales. Resulta inconsecuente que aquellos que buscan el bien del país tengan dinero en paraísos fiscales sin pagar impuestos, nuestro dinero al final”, argumenta sin establecer una fecha para el arranque de su campaña cuando quedan 32 días, de acuerdo con la norma electoral.

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Entre las agrupaciones inscritas para promocionar el No, pedimos al PSC y a FE una versión, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta. Avanza se inscribió para hacer campaña por el Sí, pero tampoco la ha iniciado. Según Ramiro González, “porque nosotros no nos sumamos a la propuesta del Gobierno. Nuestra propuesta es que quienes aspiren a la Presidencia no tengan recursos ni en Panamá ni en Bélgica. No tiene confianza en el país. Que hagan lo que hizo (Sebastián) Piñera en Chile: vendió la empresa de aviación para ejercer la Presidencia”.

El gobierno de Rafael Correa impulsó la consulta denominándola Pacto ético. Desde su enlace de los sábados el mandatario mantiene el tema en el discurso, aunque hasta el viernes tampoco se vio publicidad promovida por Alianza PAIS.

En el enlace 503 el jefe de Estado sostuvo: “Si pierde el pacto fiscal la consulta popular, yo no pierdo nada, pierde el país porque es un retroceso para la transparencia”.

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Para el mandatario, casos como el de Petrocomercial (cohecho, peculado y otros) no se habrían dado si no existieran los paraísos fiscales, “así que prohibir cuentas en paraísos fiscales para funcionarios públicos es un gran paso en la lucha contra la corrupción y en la lucha por la coherencia, porque cómo vamos a creerle a un candidato que dice ‘yo voy a generar un millón de puestos de trabajo en el país’ cuando saca su plata y lo que hace es bancos en Panamá”, insistió.

La analista Gabriela Calderón discrepa. Dice que si Petroecuador no fuera una empresa estatal manejada por políticos, el caso no se hubiera dado. Y añade como ejemplo que un gerente de una empresa que cotiza en bolsa no dura tanto cuando deja pasar sobreprecios. Olmedo Farfán, analista y catedrático, sostiene que la diferencia no la hace el paraíso fiscal o una consulta, sino las personas y “no hubiera ocurrido lo de Petroecuador si quienes fueron designados para los cargos hubieran probado que era gente honesta”.

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El debate respecto a los efectos de los paraísos fiscales no solo se da en Ecuador. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), por ejemplo, destaca la necesidad de crear una coalición latinoamericana para influir más eficazmente en el debate global hasta establecer impuestos sobre la riqueza acumulada en los paraísos fiscales.

Según datos de la Cepal, la evasión fiscal en América Latina llegó a 340.000 millones de dólares en 2015, lo que representa el 6,7% del producto interno bruto (PIB) regional.

Una publicación de la agencia de noticias oficialista Andes estima que en los paraísos fiscales permanecen unos 30.000 millones de dólares que representan la tercera parte de la economía ecuatoriana y más de su 30% del PIB. (I)