El asesinato de cinco jóvenes en Comerío es una muestra de cómo el narcotráfico ha plantado bandera en la zona montañosa de la Isla, en donde el desempleo y la desventaja económica colocan a muchos en una posición vulnerable.
La Policía tiene informes de que en la zona de Comerío operan al menos seis puntos de drogas: uno en el barrio Piñas, otro en el barrio Río Hondo, otro en el residencial público Manuel Martorell y tres en el barrio Palomas.
Esta información forma parte del censo que realizó el exsuperintendente José Luis Caldero López en diciembre de 2016, poco antes de que concluyera la administración del entonces gobernador Alejandro García Padilla. Para esa época, la inteligencia de la Policía estableció que en la Isla se habían detectado 542 puntos que operaban en su mayoría 24 horas los siete días de la semana.
Sin embargo, fuentes de EL VOCERO aseguran que, a un año y dos meses del cambio de administración, se estima que la cantidad supera hoy los 600 en todo el País.
Como muestra de ese movimiento imparable del narcotráfico al centro de la Isla, en Naranjito hay identificados cuatro puntos de drogas, aunque se estima que hay más. Precisamente cuatro de las víctimas de la tercera masacre del año eran residentes de ese municipio, entre ellos los jóvenes Christian Cruz Serrano y Ángel Luis Santiago. Según la pesquisa de la Uniformada, el dúo estaba en guerra con otro dueño de un punto.
La estadística que se ofreció a finales de 2016 reflejaba que en la zona policiaca de San Juan operaban 90 puntos, en la de Caguas 50, en la de Carolina 49, en la de Aguadilla 45 y en la de Arecibo 43.
Ese análisis no entraba en detalles sobre los puntos en los pueblos de la montaña, que según distintos documentos examinados por EL VOCERO, suenan alarmantes.
Negocio lucrativo
Por ejemplo, de acuerdo con el último estudio de 2016, en Aibonito se había detectado la presencia de 24 puntos de drogas operados por 15 organizaciones con un estimado de ventas anuales de $21.3 millones.
Igual escenario presentaba Corozal con 17 puntos identificados a manos de 12 organizaciones que disfrutaban de ganancias calculadas en $10 millones anuales.
De acuerdo con las fuentes, muchas de estas organizaciones son satélites de otras que tienen su principal base de operaciones en Bayamón, donde se estima existen unos 30 puntos con ventas anuales superiores a los $50 millones.
San Juan es el área con mayor número de estos centros de venta clandestina de drogas ilegales con unos 90 en manos de 20 organizaciones criminales que generan poco más de $50 millones al año.
Mientras, el comisionado interino del Negociado de la Policía, Henry Escalera, confirmó ayer que recibió recientemente los números del censo actualizado, pero no reveló detalles.
“En los puntos de drogas todos quieren crecer… lo mismo en el campo que en la zona metropolitana”, señaló Escalera. “Cambian de dueños y de administradores, además de que los alquilan”.
De acuerdo con expertos de la Policía, la actualización del censo es vital para crear estrategias y combatir o prevenir la violencia, máxime en un comienzo de año tan activo como este cuando, al cierre de esta edición, se habían registrado 135 asesinatos, en apenas casi dos meses, 27 adicionales a los reportados para la misma fecha de 2017. La mayoría de estas muertes está vinculada a la narcoguerra.
Tan reciente como ayer, esa ola de violencia cobró la vida de tres personas en Guayama, con dos de esas muertes atribuidas a una guerra desatada en el residencial Luis Palés Matos, en donde opera uno de los 34 puntos de venta de narcóticos en ese municipio que son controlados por 17 organizaciones con ganancias calculadas en $14.3 millones anuales.
Pésimo 2017 en arrestos
El 2017 fue nefasto para la Policía en su ofensiva contra el narcotráfico. Para junio de ese año, el porcentaje de arrestos por narcotráfico se redujo en un 53%, menor a las detenciones realizadas para ese periodo en el 2016. Al concluir el 2017, esa baja en arresto de narcos quedó un 63%, situación atribuida a que muchos de los agentes fueron asignados a otras tareas relacionadas al proceso de recuperación del País tras el paso de los huracanes Irma y María en septiembre.
Escalera Rivera, quien apenas lleva poco más de un mes como comisionado interino de la Policía tras sustituir a Michelle Hernández, dijo que hay que reestructurar la rama investigativa. “Estoy preparando una convocatoria, como dicta la reforma de la Policía, para llevar nuevo personal a las divisiones de drogas y reforzar”, agregó.
Con el “plan anticrimen” en vigor los arrestos han aumentado. “En enero y febrero se incrementaron las intervenciones y hubo redadas en Guayama, Fajardo, Aguadilla, Cayey, Bayamón y Aibonito, entre otros municipios, con el uso de agentes encubiertos”, destacó.
Sostuvo que el huracán María trastocó el trabajo, “pero ya los recursos volvieron a la normalidad y tenemos pendientes varias redadas”.
