A partir de marzo inicio una nueva etapa como líder de la alianza entre Bioversity International y el Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT, dos centros de investigación que trabajan para mejorar la seguridad alimentaria global y reducir la pobreza. Dejo momentáneamente más de dos décadas ininterrumpidas de trabajo en el sector agropecuario colombiano; los últimos ocho como director ejecutivo de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria -Agrosavia- (antes Corpoica).
En línea con mis nuevas funciones, aprovecharé este espacio mensual para escribir sobre los retos de la humanidad para alimentarse de manera más sostenible, abordando los retos de resolver la desnutrición, la obesidad y la alimentación deficiente que hoy limita las vidas de billones de habitantes del planeta; de diversificar la agricultura para producir más y a la vez mejorar las dietas; de proteger el capital natural y la agrobiodiversidad, y de promover cadenas de valor más equitativas que reconozcan e incentiven el trabajo de los agricultores.
Como parte de un proceso de transición responsable y para proteger y promover el desarrollo futuro de Agrosavia, clave para el desarrollo agropecuario de Colombia, en esta columna y la siguiente haré un breve balance sobre su transformación y plantearé algunas prioridades.
Agrosavia se transformó en una institución eminentemente técnica. Atrás quedaron las épocas en las que los directores regionales tenían jefe político y donde se nombraban personas cuyos nombres llegaban en un sobre de manila. Es muy positivo que tanto el gobierno de Santos como el de Duque hayan comprendido que esta entidad requiere de perfiles específicas que deben ingresar meritocráticamente.
Un hito trascendental fue cuando la Ley 1731 de 2014 reconoció la naturaleza pública de Agrosavia y le asignó un espacio en el presupuesto general de la Nación. Bajo dicha Ley se ajustó la manera como se financia hoy la Corporación y sus iniciativas en investigación, desarrollo e innovación, reconociendo los plazos y ciclos biológicos de los proyectos. Solo en 2018 por cuenta desde la Ley 1731, ingresaron $183 mil millones de pesos a la Corporación y logramos apalancar el año pasado recursos adicionales de cooperación por más de $34.500 millones.
Los dos elementos anteriores nos convirtieron en un lugar atractivo para vincular investigadores y personal de apoyo colombiano y extranjero de altísima calidad en los territorios en los que operamos. Al cierre de 2018 contábamos con 142 investigadores con doctorado mientras que al final de 2010 eran solo 63. Y entre investigadores con maestría y profesionales dedicados a la investigación cerramos 2018 con 502 empleados, cuando en 2010 eran 207. Esta es la masa crítica de investigación más robusta que ha tenido el agro colombiano en décadas. Un patrimonio que la sociedad debe proteger y promover.
Los recursos humanos y financieros fueron acompañados del desarrollo de un modelo de gestión de conocimiento para la innovación y de mejoras sustanciales en la infraestructura de los centros de investigación, en los laboratorios y su equipamiento, en los procesos, en las mediciones de productividad, de impacto y desempeño y una gobernanza madura.
Los frutos de esta siembra comienzan a ser cosechados. Más que resultados, contamos con evidencias claras de un nivel de impacto significativo y creciente en el sector agropecuario colombiano. En la próxima columna me referiré dichos logros y a las mejoras pendientes que deberán abordarse hacia adelante.
