La directora de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Zulma Rosario, reveló ayer que comenzó una investigación contra el exdirector ejecutivo de Turismo, José Izquierdo, a raíz de las imputaciones de acoso sexual que provocaron su destitución, tras ser reseñadas en primicia por EL VOCERO.
Hasta el jueves, la OEG estaba atenta a las imputaciones y su directora había indicado que esperaba por la determinación de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, para decidir si debe asumir jurisdicción del caso, mas ayer en la mañana anunció que la investigación había comenzado oficialmente.
El Código de Ética tipifica como delito, en su Artículo 1.2, obtener algún “beneficio no permitido”, que supone cualquier forma de ventaja, no necesariamente económica. “Un supervisor que hostiga a una empleada, está obteniendo un beneficio porque es una persona que le tiene que rendir cuentas a él y se aprovecha”, comentó Rosario.
“El hostigamiento sexual tiene graves y severas imputaciones”, enfatizó.
Una conducta ilegal
En entrevista con EL VOCERO, la abogada recordó que el hostigamiento sexual es una conducta ilegal, que conlleva penas serias tal como multas y cárcel. En el caso del exalcalde de Cidra, Angel Malavé, se le impuso una multa de $90,000; mientras que al exalcalde de Guayanilla, Edgardo Arlequín, se le fijaron cuatro años de cárcel. Este último está cumpliendo restricción domiciliaria luego del indulto parcial otorgado por el exgobernador Alejandro García Padilla.
El caso de Arlequín está pendiente de reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones, pues los abogados del convicto habían retado la definición de “beneficio no permitido”. La OEG anticipó a este diario que acudirá como “amiga de la corte” ante el Tribunal Supremo junto a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (Opfei), en caso de que la determinación del apelativo sea negativa.
Sobre los protocolos
Sobre el proceder del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Rosario opinó –según los datos reseñados por EL VOCERO– que actuaron de forma adecuada, pues activaron el protocolo en sus respectivas agencias, tan pronto advinieron en conocimiento por las alegadas víctimas.
Este diario supo, por fuentes, que dos de las tres mujeres estuvieron desempleadas durante casi uno y dos meses, respectivamente, antes de ser reclutadas por las otras agencias. Las tres sometieron sus cartas de renuncia para la fecha del 10 de julio, posterior a la confirmación de Izquierdo.
En este caso particular, las mujeres informaron a La Fortaleza de lo sucedido, en lugar de acudir a la agencia donde laboraban (Turismo), por lo que Rosario opinó que “de la misma forma que el DDEC y la Aafaf activaron sus protocolos, nada hubiese impedido que La Fortaleza hubiese activado sus protocolos”.
“Todos los servidores públicos de la rama ejecutiva tienen la obligación de tomar 20 horas de educación continua cada dos años, así que no pueden esgrimir el argumento de que desconocían”, agregó.
Estos protocolos exigen que se cite a la persona, se le entreviste en un formato ya establecido con una guía de preguntas, se le oriente sobre las ayudas disponibles, se redacte un informe para récord y se remita a Recursos Humanos u otras dependencias que así lo soliciten. Si la persona no desea hacer querella formal, el informe queda custodiado en un archivo confidencial.
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