Matrimonios de conveniencia.
Los matrimonios de conveniencia parecen una práctica del pasado, sin embargo, nada más lejos de la realidad. En esta ocasión vamos a analizar una sentencia que trata este tipo de matrimonios y sus consecuencias legales.
Este matrimonio se celebró para legalizar la situación en España de un hombre de nacionalidad dominicana. En un primer lugar, la Audiencia había determinado que el matrimonio era inexistente y que se derivaban delitos de falsedad y contra los derechos de los trabajadores extranjeros.
Ambos acusados resultaron absueltos:
Sin embargo, la sentencia resuelta por el Tribunal Supremo ha absuelto a los dos acusados de ambos delitos, recordando que el matrimonio de conveniencia, sólo puede acarrear sanciones administrativas o derivar en un delito civil pero no penal, si no hay ánimo de lucro y no existe usurpación de estado civil o falsedad de documentos previa.
En un primer momento, la Audiencia de Barcelona había condenado a la pareja dominicana por un delito de falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores extranjeros. La mujer tenía DNI español, y celebraron matrimonio religioso en España en julio de 2009, un enlace que siguiendo la citada sentencia fue «contraído de forma simulada y por lo tanto inexistente» con la única finalidad de legalizar la situación del hombre.
La sentencia, analiza que los cónyuges hacían vidas separadas, y que el matrimonio habría servido para las declaraciones realizadas en el expediente con el que obtuvieron las tarjetas de residente familiar comunitario para dos hijas del acusado.
La sentencia confirma que de los centenares de matrimonios de conveniencia de los que la Fiscalía de extranjería tiene noticia cada año, salvo usurpación de estado civil o falsedad documental previa, ninguno origina diligencias penales por falsedad documental ideológica.
En España, indica el Supremo, «nuestro legislador ha optado por considerar ilícito el contraer matrimonio, simular relación afectiva o constituirse como representante legal de un menor, cuando dichas conductas se realicen con ánimo de lucro o con el propósito de obtener indebidamente un derecho de residencia, siempre que tales hechos no constituyan delito, sancionado como infracción grave con multa de 501 hasta 10.000 euros cuando en la ayuda a permanecer en España, haya por medio ánimo de lucro”.
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