XALAPA, Ver. (apro).-La dirección general de Servicios Periciales de la Fiscalía General (FG) del estado envió a la fosa común 80 cadáveres de personas no identificadas en la región de Veracruz, Boca del Río, Medellín y La Antigua, entre otros municipios de la zona costera y del Sotavento veracruzano. Por saturación del Servicio Médico Forense (Semefo), con sede en Boca del Río, la Fiscalía decidió llevar a cabo una inhumación programada de cuerpos en Veracruz, pues varios de ellos no identificados (N.I) ya llevaban varios años en la plancha forense sin ser reclamados por sus familiares. Aunque la FG no lo aclara, varios de esos cuerpos corresponden a personas que murieron en situación de violencia, ejecutadas por el crimen organizado, abatidos por las fuerzas armadas federales o locales o que fueron encontrados sin vida a orillas de la carretera o en cementerios clandestinos. “La Dirección General de Servicios Periciales, inhumó restos de 80 cadáveres en el panteón municipal de Veracruz, después de haberse recabado sus muestras biológicas para los análisis periciales correspondientes, en cumplimiento a los protocolos nacionales de identificación de personas”, informó la Fiscalía. Expuso que con base en las leyes General de Salud y General de la FG y su Reglamento, los fiscales adscritos a esa demarcación judicial y peritos especializados realizaron la inhumación programada de los 80 cuerpos, en calidad de no identificados. “Se les practicaron los análisis correspondientes en materia de química, genética, odontología, dactiloscopia, antropología y fotografía forenses. Aún se encuentran 17 cuerpos en el INMEFO, a la espera de poder cumplir con este protocolo de inhumación en el panteón municipal”, abundó. El semanario Proceso y la agencia Apro han dado a conocer que en lo va del sexenio de Javier Duarte han sido descubiertos más de una docena de cementerios clandestinos en Veracruz, así como narcoranchos, donde células de Los Zetas y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) realizaban inhumaciones ilegales, con un número estimado de 170 cuerpos de los cuales cerca de la mitad permanecían sin identificar. Por ejemplo, en Emiliano Zapata -municipio conurbado a Xalapa- fueron hallados los restos de 12 cuerpos, en Maltrata tres cuerpos, en enero 2016; en Tres Valles -en la Cuenca del Papalopan- fueron sacados 33 cuerpos en junio 2014, y en Alvarado nueve cuerpos, en septiembre 2014. En Acayucan más de 15 cuerpos en febrero 2012; en Perote ocho cuerpos, en marzo 2012; en Antón Lizardo siete cuerpos, en marzo 2012; en Lerdo de Tejada nueve cuerpos, en junio 2012; en Cosamaloapan nueve cuerpos, en julio 2014; en Tatahuicapan dos cuerpos, septiembre 2014; en Agua Dulce cuatro cuerpos, en septiembre 2014; en Carlos A. Carrillo dos cuerpos, en enero 2014; en Pueblo Viejo siete cuerpos, en noviembre 2014. Mención aparte merecen las dos narcofosas halladas en las inmediaciones de las comunidades de Portezuelo y Mata Loma, en el municipio de Manlio Fabio Altamirano, ocultadas por las autoridades federales y estatales por el hallazgo de 28 cuerpos. El hallazgo ocurrió en noviembre de 2011–cuando la narcoviolencia se recrudeció en esa parte de la costa del Golfo de México– y se pudo mantener en secreto, hasta que el año pasado, a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información, Proceso tuvo acceso al expediente que detalla cómo agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) y autoridades locales extrajeron restos de 28 personas, entre la madrugada del 4 al 5 de noviembre de 2011. De los cuerpos, señaló esa vez la PGR, se tuvo la certeza de que 17 eran hombres y cinco mujeres. Del resto la dependencia federal señala que ni con un dictamen de antropología forense se pudo obtener el “perfil genético”. En los oficios SJAI/DGAJ/11235 y SJAI/DGAJ/07650/2015 de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales (SJAI) de la PGR (obtenidos mediante la plataforma Infomex) se advierte que la Agencia de Investigación Criminal, la Coordinación de Servicios Periciales y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) establecieron que las edades de los ejecutados y enterrados en las dos fosas fluctúan entre 23 y 50 años. La inhumación clandestina de estas 28 personas tuvo lugar un mes después de que empezó a recrudecerse la violencia en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río (entre septiembre y octubre de 2011), que dejó 67 muertos en tres eventos distintos: El 20 de septiembre de 2011 un comando abandonó en la Plaza del Volador, en Boca del Río, 35 cadáveres maniatados, semidesnudos y con la letra “Z” tallada en la espalda; 16 días después la Marina emitió el comunicado 313/2011, donde consignaba el hallazgo de 32 cuerpos sin vida en diversas viviendas de los fraccionamientos Jardines de Mocambo, Costa Verde y Costa de Oro. En Veracruz la violencia fue impuesta por Los Zetas, el Cártel de Jalisco Nueva Generación y, en el norte, el Cártel del Golfo, y a ello abonó la corrupción de policías intermunicipales, ministeriales y otras autoridades que permitieron el asentamiento de esas mafias en la región.