El caso Cassez

No ha habido ningún caso que haya generado tanta atención mediática, tantos debates, tantas presiones diplomáticas y políticas en la historia reciente de México, como el de la ciudadana francesa Florence Cassez. Ha sido llamado, con razón, “el juicio del siglo”. Para México el caso Cassez supuso un vendaval mediático similar al que produjo el proceso contra O.J. Simpson en Estados Unidos.

A Cassez la detuvieron, acusaron, juzgaron y condenaron fundamentalmente por el delito de secuestro. Las dos principales cadenas de televisión de México transmitieron en vivo la supuesta detención y a partir de ese momento de desató una discusión pública como no ha habido otra en nuestro escenario judicial. Hubo rabiosas manifestaciones en su contra pero también se levantaron voces que la defendieron y que reivindicaron la importancia de respetar el debido proceso legal.

Con independencia de todo el vendaval mediático y político que el caso “Cassez” trajo consigo, lo cierto es que a quienes estudiamos derecho nos debe interesar sobre todo su trascendencia jurídica.

La sentencia definitiva fue dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte el 23 de enero de 2013, con el voto a favor de 3 de sus integrantes. La ponente fue la Ministra Olga Sánchez Cordero y votaron a favor los ministros Arturo Zaldívar y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. En contra del proyecto se manifestaron los ministros José Ramón Cossío (quien hizo un virulento voto minoritario, inusualmente duro respecto al sentido del proyecto aprobado por la mayoría) y Jorge Mario Pardo Rebolledo.

El caso Cassez puede y debe ser un poderoso llamado de atención para mejorar en muchos aspectos la forma en que se procura e imparte justicia en México.

Estudiar los detalles del caso y la manera en la que la Suprema Corte construye sus argumentos es muy necesario por las razones mediáticas y jurídicas que ya se han mencionado, pero también porque todavía es mucho lo que falta por construir si queremos tener un sistema penal que en efecto funcione y sea creíble. Los datos sobre el funcionamiento real del nuevo sistema acusatorio demuestran la existencia de graves fallas y la necesidad de reforzar aspectos sustantivos de la forma en que trabajan sus principales actores (tanto funcionarios públicos como abogados).

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En este libro el lector podrá encontrar los análisis y comentarios sobre el caso que le permitirán llegar a sus propias conclusiones. ¿Tuvo razón la Suprema Corte al dejar libre a Cassez? ¿Qué pasa con las víctimas de secuestro? ¿Cómo se fue articulando el montaje mediático que luego produjo lo que la Corte llama “el efecto corruptor” del proceso penal?


Para quienes quieran conocer a fondo el caso Cassez, este libro es una lectura obligada y un punto de referencia fundamental para comprender el significado del “debido proceso legal”.
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