Bosques nativos en "la linda": el peligro avanza y el presupuesto retrocede
En Salta se llevó adelante el desmonte del 84% del total de la tala en zonas prohibidas por la legislación vigente. Los fondos destinados a la conservación de áreas boscosas son cada vez menores y llegan con un año de demora.
La preocupación mundial por la pérdida y degradación de los bosques nativos se ve reflejada en la Agenda 2023, establecida en el marco de las Naciones Unidas, que incluye entre los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) uno referido a la protección y usos sostenibles de los ecosistemas terrestres.
Según la ONU, Argentina está entre los diez países que más destruyen su riqueza forestal. Ello ocurre pese a la existencia de la Ley de Bosques (26.331) que establece, entre otras cuestiones, los presupuestos mínimos para la protección ambiental y el manejo sostenible de los bosques nativos. También define categorías de conservación.
La Auditoría General de la Nación (AGN) realizó un nuevo relevamiento sobre su cumplimiento, en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y detectó que ambos puntos presentan serias irregularidades.
En 2018, el Ministerio de Ambiente frenó la tala de 40 mil hectáreas que había sido autorizada por el gobierno salteño.
En Argentina, el 80% de la deforestación se concentra en la ecorregión chaqueña, especialmente en las provincias de Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco.
A través de los datos, provistos por la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal de la Dirección de Bosques, que es quien monitorea la tala y los cambios de uso del suelo en 16 provincias, "el 84% del desmonte en la zona de categoría I lo ejecutó la provincia de Salta, en clara violación a la ley 26.331"
En enero de 2018, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable intentó frenar en esa provincia, mediante una resolución, la tala de 40 mil hectáreas que había sido autorizada por decretos provinciales.
La categoría I, identificada con rojo, tiene un valor de conservación muy alto, son sectores que "no deben transformarse" y que "no pueden estar sujetas a aprovechamiento forestal".
La otra arista clave de la Ley de Bosques Nativos es la estimación de un presupuesto para lograr los objetivos. En el siguiente cuadro se puede observar de cuánto debían ser los desembolsos y qué montos efectivamente se destinaron.
De hecho, el informe aprobado en diciembre de 2017, remarca que "la falta de fondos adecuados se ve en el territorio, ya que en cada año del período auditado se fiscalizó un porcentaje menor de planes". En 2016, por ejemplo, se evaluó "solo el 2%".
A ello se suma que "se registraron retrasos en el envío de las partidas presupuestarias a las provincias". El dinero para el funcionamiento de la ley en 2013 se giró en 2014, la de ese año en 2015 y la de 2015 en 2016. Lógicamente, "las demoras provocan un desajuste en la planificacion y atentan contra la efectividad".
Ante esta situación, la Auditoría General de la Nación consideró que "resulta necesario propiciar un incremento de los recursos financieros a fin de garantizar resultados efectivos en la conservación de los bosques nativos del país".
Entre las observaciones que se mantienen respecto a un anterior trabajo de la AGN, aprobado en 2014, está "la falta de reglamentación de varios artículos de la ley" que también "termina atentando contra la prevalencia de los principios de precaución y prevención en el mantenimiento de los espacios boscosos".
Ordenamiento territorial
Sobre el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) el organismo de control detectó que "data de 2005", lo que refleja "el incumplimiento de los plazos para realizar su actualización" ya que a marzo de 2017 no había ninguna.
A lo que se sumó "la falta de criterios e indicadores de manejo sostenible según cada ambiente y jurisdicción para las categorías II y III y de una base de datos unificadad sobre los bosques nativos y el Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, a cargo del INAI", entre otras cuestiones.
