Se abre la vía penal sobre los presuntos abusos sexuales en el CETI de Melilla

Madrid

Según ha podido saber la Cadena SER fue exactamente el 4 de abril cuando la Fiscalía de Melilla puso en conocimiento del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que las diligencias informativas que había practicado se ponían en manos del Juzgado de Instrucción Decano de Melilla, "para que entre otras diligencias se dedujera testimonio respecto a la denuncia colectiva de los 80 residentes del centro que acusaban al trabajador de trato vejatorio y humillante profiriendo insultos, gritos e incluso amenazas".

La Fiscalía impulsa así la investigación de los hechos denunciados por los refugiados después de haber tomado declaración hace meses al propio director del centro, a la subdirectora y al trabajador en cuestión, además de tener en su poder todas las quejas y de tener localizados a algunos de los refugiados que las presentaron. Una vez evaluados los detalles la Fiscalía ha considerado que podría haber algún ilícito penal en la actuación del trabajador del CETI por lo que ha decidido ponerlo en manos del juzgado correspondiente, en este caso recayendo en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº3 de Melilla.

"Se trata de un procedimiento muy delicado", aseguran a la SER fuentes jurídicas cercanas a la investigación, que precisan que "entre los denunciantes no hay ningún menor" y que el juzgado seguirá tomando declaración a nuevos testigos e imputados. Sin embargo, otras fuentes especializadas en derechos humanos y extranjería critican que se esté "dilatando tanto el proceso, y que 10 meses después apenas haya avanzado la investigación. Es muy cuestionable la eficacia de la instrucción porque la mayoría de esos 80 testigos ya no están en España", denuncian estas fuentes, que reclaman que "se le podría haber tomado declaración como prueba anticipada" a todos ellos.

Resulta llamativo además que no se haya tomado declaración aun a los tres trabajadores que estuvieron en contacto con los 80 refugiados que denunciaron los hechos ante el director del CETI. Es más, a esas tres personas que estaban contratadas por distintas ONG, no se les ha renovado el contrato y ya no trabajan en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de la ciudad autónoma.

Después de recibir esa comunicación de la Fiscalía, el 10 de mayo la Subdirección General de Recursos humanos del Ministerio decidió suspender la ejecución de la sanción impuesta al trabajador "hasta que recayera el pronunciamiento judicial correspondiente". No obstante, fuentes oficiales subrayan que sigue apartado de su puesto de trabajo y se le sigue prohibiendo el acceso al CETI, aunque fuentes humanitarias que trabajan en la ciudad autónoma aseguran que el mediador social denunciado "ha accedido en varias ocasiones al CETI después de ser suspendido, lo hace siempre que no esté el director, lo han visto muchos compañeros", aseguran.

Según ha podido saber la Cadena SER no fue hasta el 24 de febrero, el día que la SER avanzó la noticia sobre la investigación que se había abierto sobre el trabajador, cuando le fue notificada la sanción de "traslado forzoso sin cambio de residencia por un período de dos meses".

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, después de realizar su propia investigación interna y de haber puesto en conocimiento de la fiscalía los hechos denunciados por los refugiados, está ahora a la espera de las actuaciones de la Fiscalía del Área de Melilla y del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº3 , tanto por el procedimiento sancionador por los cargos de presuntos tocamientos vejatorios de carácter sexual, como por "haber mantenido una conducta de desconsideración con residentes del CETI de Melilla en el ejercicio de su trabajo". Cuando se produzca ese pronunciamiento judicial será cuando el Ministerio tome una decisión administrativa sobre el futuro de este mediador social.