A lo largo de 2012, el magistrado dictó 107 sentencias, cuando la media de la comunidad autónoma era de 451, y en toda España, de 464.

Un año de suspensión de funciones para el juez que menos rinde de toda España. Ése fue el castigo que impuso el Consejo General del Poder Judicial a un juez de lo penal de Tarragona que destacó por ser el que menos sentencias dictó en su área en toda España en el año 2012, sanción que acaba de recibir el visto bueno del Tribunal Supremo.

Su falta de productividad supuso que el 15 de octubre de 2013 se le impusiera la citada sanción, por acuerdo del pleno del Consejo General del Poder Judicial, y ahora una reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal confirma esta decisión por falta muy grave de retraso injustificado de procesos y causas.

Concretamente, a lo largo de 2012 dictó 107 sentencias, cuando la media de la comunidad autónoma era de 451, y en toda España, de 464. En el año 2011, el mismo Juzgado -al que dicho juez se incorporó el 9 de noviembre de ese año- dictó 396 resoluciones.

En la sentencia, con fecha del pasado 26 de marzo, el Supremo subraya que no se trata de sancionar el incumplimiento de los módulos de trabajo, ni tampoco el hecho de que no alcanzara la cifra media de sentencias de los Juzgados de lo penal en Cataluña o en toda España, "sino que lo que se reprocha es la constatación de que, en términos absolutos, atendidas las circunstancias del propio juzgado, la actividad desplegada por el recurrente en la labor fundamental como juez de lo penal, de dictar sentencias y despachar las correspondientes ejecutorias, resulta manifiestamente insuficiente y escaso, atendiendo a su número y características, con la consiguiente incidencia en el retraso en la Administración de Justicia".

La sentencia añade que el retraso en el desempeño de esa función básica del juez, "por su naturaleza, entidad, reiteración e incidencia en el funcionamiento de la Administración de Justicia", tiene la suficiente gravedad para integrar la infracción muy grave apreciada por el Consejo General del Poder Judicial, y por esta razón rechaza el recurso planteado por el juez.