Ciudad de México | Desinformémonos. La siembra de soya transgénica en Campeche por parte de Monsanto aún continúa a pesar de la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que deja ver que la indolencia gubernamental frente a los mandatos de sus mismas instituciones, señaló la Misión de Observación Ciudad de México-Campeche.

El organismo aseguró que no se ha llevado a cabo la sentencia emitida por la SCJN que decretó la suspensión de los permisos de siembra y compra-venta de soya transgénica distribuida por la corporación Monsanto en la entidad, y que Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), cuya tarea es vigilar el cumplimiento del mandato, no tiene control sobre el monitoreo de los cultivos de soya modificada genéticamente.

De acuerdo con la Misión, el Senasica constantemente cambia los datos de los cultivos y la información que proporciona es imprecisa e inaccesible gracias al uso de tecnicismos y sin traducción al maya, sin que haya sanción alguna para los infractores.

La antropóloga Margarita Rosales expresó que dichos datos son imprescindibles para la toma de decisiones de las 34 comunidades mayas afectadas, además de que el mal manejo de los mismos pondría en riesgo la primera consulta en México sobre el cultivo o no de la soya transgénica en tierras peninsulares.

A mediados del mes, las comunidades mayas denunciaron que a pesar de que debió llevarse a cabo el proceso de consulta a comunidades mayas de Holpechén para tratar los permisos sobre la siembra de soya genéticamente modificada, el Senasica no asistió a la mesa de diálogo, lo que evidenció su “falta de voluntad política”.

Frente a ello, la Misión junto con las comunidades urgieron al poder judicial que tome las medidas necesarias para garantizar la ejecución correcta de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia Nacional, que suspendió el permiso de siembra de soya transgénica en 2015, y la renuncia del director general de Senasica, Hugo Fragoso Sánchez, por tener una actitud “reiteradamente discriminatoria, negligente y poco ética” ante las comunidades mayas que participan en el proceso de consulta.